El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos'

El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad en virtud de la llamada ley de nietos, una de las medidas incluidas en la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno en 2022 que concede la nacionalidad a extranjeros que sean descendientes de españoles y de exiliados o represaliados del franquismo. El proceso de revisión de solicitudes ya está en marcha en el Ministerio de Exteriores, donde se recaban estas semanas las solicitudes que llegaron a decenas de consulados de todo el mundo, y donde las primeras estimaciones se acercan a los dos millones y medio de solicitantes, según datos facilitados a EL PERIÓDICO.

Una vez que se resuelva la revisión y concesión de solicitudes de nacionalidad, un proceso que puede durar meses, es previsible que cientos de miles de extranjeros con raíces españolas adquieran derechos plenos en nuestro país, en una fórmula que el Gobierno justificó en la reparación histórica del franquismo.

Desde su entrada en vigor, esta norma ha despertado un gran interés en América Latina, donde viven millones de descendientes de españoles que emigraron durante la Guerra Civil y la posguerra. El plazo para las solicitudes concluía inicialmente en octubre de 2024, pero el Gobierno publicó un decreto para prorrogarlo un año, y finalmente el plazo se cerró el pasado 22 de octubre para quienes estuviesen interesados en obtener la nacionalidad.

En el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática estimaban entonces en torno al millón y medio las solicitudes recibidas en las semanas previas a que expirase el plazo, pero el acelerón final antes del cierre provocó un aluvión de demandas de solicitud en los distintos consulados.

El mayor volumen de peticiones se concentra en América Latina, especialmente en los consulados de Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México. Solo el Consulado de Buenos Aires se han recibido en torno a 900.000 solicitudes, según fuentes de este departamento, donde también apuntan al gran volumen de peticiones recabados en el resto de consulados de Argentina.

El precedente de Zapatero

La llamada ley de nietos incluida en la ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 permite obtener la nacionalidad española mediante dos vías. Una, la más simbólica, es la que se concede a los hijos o nietos de exiliados y víctimas de la dictadura franquista, quienes abandonaron España “por causas políticas, ideológicas e incluso de orientación sexual”. En este apartado también se concede la nacionalidad a los descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.

Entre 1936 y 1955, la ley presume automáticamente que cualquier español que saliera del país fue un exiliado. En estos casos solo es necesario demostrar la salida de España mediante documentos como pasaporte con sello de entrada, registro civil del país de acogida, documentos oficiales que acrediten la llegada o inscripción en el consulado español.

En cambio, para quienes salieron de España entre 1956 y 1978, además de probar la salida del territorio español, deben acreditar específicamente la condición de exiliado. Esto puede hacerse con documentos que demuestren haber recibido pensiones de exiliado, certificaciones de organismos internacionales de refugiados, o informes de partidos, sindicatos o entidades reconocidas que hayan trabajado en la protección o memoria de los exiliados españoles.

Pero la ley de memoria democrática ofrece una segunda vía, mucho más sencilla, y también concede la nacionalidad a los nacidos fuera de España con padres o abuelos originariamente españoles, haciendo mención expresa a la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica de 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese caso, los solicitantes deben aportar un certificado de nacimiento de sus padres o abuelos acreditando su origen.

La ley de memoria histórica abrió un plazo, al igual que esta, para solicitar la nacionalidad española y se recibió un total de 503.439 solicitudes de opción a la nacionalidad española en las 183 Oficinas Consulares de España, una cifra muy menor a la que se registra actualmente.

En aquella ocasión el Consejo de Ministros -al igual que en esta- también amplió el plazo hasta el máximo legal para la recepción de solicitudes, que concluyó el 27 de diciembre de 2011. La inmensa mayoría de las solicitudes -el 94,84% (477.462) - se presentaron los consulados de Iberoamérica y casi todas estas peticiones -el 92.34% del total (464.858)- eran de hijos de padre o madre originariamente español. Sólo el 6,32% (32.141) de las solicitudes a quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española por motivo del exilio. 

El 30 de marzo de 2012, el Ministerio de Exteriores ofreció una cifra provisional, anunciando la concesión de nacionalidad a un total de 241.763 extranjeros -el 48% de solicitudes aprobadas-, pero advirtiendo de que muchas de ellas se encontraban en proceso de revisión o de envío de documentación.

Impacto en el censo electoral

Este proceso de nacionalización podría llegar a duplicar el censo de españoles en el exterior, en caso de concederse todas las solicitudes. En las últimas elecciones celebradas, las europeas de junio de 2024, el voto del CERA -Censo Electoral de los Residentes Ausentes- ascendía a 2.386.250 residentes en el exterior. Una inclusión de 2,4 millones de españoles de nueva nacionalidad supondría un aumento del 100% del CERA.

Este colectivo de votantes en el exterior se suma a los 35.361.039 españoles residentes en España llamados a votar y 302.997 extranjeros residentes en España y con derecho a votos -voto CERE-. Actualmente hay 38.087.170 electores con derecho a voto, una cifra que superaría los 40 millones en caso de atenderse las solicitudes, pudiendo aumentar el censo total en un 6,3 % en caso de concederse todas ellas.

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