Caso Koldo
El PSOE reclama al juez protección sobre sus pagos en metálico: pide pieza secreta y que aclare si sólo se piden los de Ábalos, Koldo y Cerdán
Aduce que no pude reclamarse al PSOE que entregue información sensible "para que termine en los archivos del PP, Vox o de Hazte Oír"

La representación legal del PSOE en el caso Koldo ha solicitado al juez Ismael Moreno, que instruye este asunto en la Audiencia Nacional, una aclaración de la providencia que dictó el pasado miércoles requiriendo al partido los pagos en metálico y justificantes entre 2017 y 2024. Quiere que especifique si con ello se refería a las entregas de dinero vinculadas "directa o indirectamente" a los investigados tanto por este juzgado como por el Tribunal Supremo, que son el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el sucesor del primero en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán.
De este modo busca aclarar si lo que pretende el titular del Juzgado Central de Instrucción es que se le remitan todos los datos "de todas las personas -cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios- que realizaron pagos en nombre del PSOE, junto a la aportación de toda la documentación justificativa de los gastos". Si fuera así, solicitan al juez que abra una pieza separada secreta de la documentación que será aportada.
Dichos documentos, según reconoció el presidente del Gobierno durante su comparecencia en pasado 30 de octubre, incluirían "cobros en metálico" recibidos por él mismo. Quizá por esta razón, y en el caso de tener que aportar finalmente toda la información relativa a ocho años de gestión de pagos en metálico en el PSOE, añaden a su petición que de abrirse pieza separada, en el momento de alzarse su secreto tras el análisis que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sería necesario realizar un expurgo de toda esa documentación y evitar así la filtración de datos ajenos a las pesquisas judiciales.
"No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, nada menos", agrega el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en alusión a las acusaciones populares personadas en este procedimiento.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
El partido asegura que colaborará con la Justicia en cualquier caso pero alerta de que, si se exigen todos los gastos y no solo los que se hicieron a los investigados, habría "graves derivaciones --jurídicas, procesales, personales y de protección de datos", según señala el escrito que firma el abogado Alberto Cachinero.
Posible desfalco
Así, también se incide en el interés del PSOE por seguir siendo acusación popular en esta causa que es "evidente en este momento, cuando la Fiscalía advierte indicios de un posible desfalco cometido contra el partido" por parte de la trama presuntamente corrupta ligada a Ábalos y Cerdán. En todo caso, el PSOE incide que el requerimiento de gastos efectuado por el juez Moreno se ha acordado en el marco de los hechos concretos que investiga el Tribunal Supremo en tanto que tienen relación con las personas allí investigadas, por si pudiese haber "incurrido en un blanqueo de capitales o, en su caso, haber desfalcado al Partido Socialista".
Consideran que una entrega de documentación de carácter genérico "vulneraría la propia contención de la causa, limitada a investigar unos hechos concretos cometidos por unas personas también concretas", además de resultar "prospectiva y carente de justificación" al afectar a hechos y personas "sobre las cuales no recae sospecha alguna". A ello se suma la posible vulneración de datos personales de trabajadores, afiliados e incluso voluntarios que han venido colaborando con el PSOE adelantando unos gatos "que luego les fueron compensados".
Alega incluso esta acusación la "prohibición de aportar datos que informen de la ideología o creencias de un tercero". "Este deber de reserva es total y persiste (...) incluso en el caso de que el afectado diera su consentimiento a que estos datos se revelaran o se sometieran a algún tipo de tratamiento", añade el escrito aportado a la Audiencia Nacional.
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