Un año de crispación política a través de los tribunales que abre un ciclo electoral incierto

2025 ha mantenido, si no superado, la tensión y crispación política que ya marcó el año anterior en España. Y 2026, con un intenso ciclo electoral por delante, tiene visos de mantener esa inercia. En plena era de polarización global y con discursos autoritarios en auge, tal vez lo más llamativo de este ejercicio sea que la mayoría de las fricciones no se han originado en sede parlamentaria, sino judicial, lo que ha puesto también el foco sobre la magistratura y ha convertido a algunos jueces en inesperados protagonistas de portadas y aperturas de telediarios, elevando por el camino la desafección ciudadana.

La inédita condena al fiscal general del Estado, sin duda la noticia del año, reúne todas estas características. Álvaro García Ortiz fue condenado por el Supremo por filtrar datos reservados del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en un proceso que fracturó a la clase política y a las instituciones.

El fallo, dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa, fue también polémico: se dio a conocer cuando la sentencia aún no estaba redactada —se conoció 19 días después— y sin una prueba concluyente sobre la filtración del correo, puesto que el fiscal general borró el contenido de su móvil y su ordenador. Tampoco tuvo en cuenta las declaraciones de múltiples periodistas que negaron que fuera García Ortiz quien difundió la información.

No ha sido ni mucho menos el único caso en el que se han cruzado los senderos de la política y la justicia, con varios de ellos salpicando al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, que en 2024 se tomó unos días de reflexión ante el «acoso» hacia su entorno, ha visto cómo esos procesos judiciales han seguido adelante. Su mujer, Begoña Gómez, será juzgada por un jurado popular por presunta malversación de caudales públicos. También el hermano del presidente, David Sánchez, podría correr la misma suerte por prevaricación y tráfico de influencias.

El Ejecutivo central ha cuestionado algunas de estas decisiones judiciales, para enfado de la derecha y de parte de la judicatura. No así la que más ha impactado en la legislatura, la causa contra Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por la corrupción de siempre. Las conclusiones que va arrojando la investigación de la UCO han debilitado al Gobierno, cuyos socios de investidura exigen cambios de calado para mantener su apoyo.

Por si fuera poco, el escándalo de los abusos sexuales en el seno del PSOE ha terminado de complicar este final de año para Sánchez, que concluye por tercer ejercicio consecutivo sin que su Ejecutivo haya presentado los Presupuestos Generales y con los puentes rotos por parte de Junts.

La dinámica en el bloque de la derecha es muy diferente. Aunque las relaciones siguen siendo tensas en el plano dialéctico, PP y Vox comienzan a entenderse a las puertas de un 2026 cargado de citas electorales. Han renovado su pacto en las Corts para investir a Juanfran Pérez Llorca y han abierto la negociación en Extremadura. Por delante quedan los comicios de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Una sucesión de citas a las que la derecha, especialmente la más radical, llega con viento de cola y que puede acabar forzando el adelanto de las generales, escenario que descarta por ahora Sánchez.

En contra de esos intereses pueden jugar algunos sucesos de esta segunda mitad de año, como los brutales incendios que arrasaron el noroeste peninsular, especialmente en territorios gobernados por el PP y Vox y en los que se ha reducido la inversión forestal.

El escándalo de los cribados de las mamografías en Andalucía, donde se descubrieron retrasos de años que han terminado afectando a, al menos, 4.000 mujeres, ha empinado el camino de Moreno Bonilla hacia la mayoría absoluta en la Junta, toda vez que ha alimentado la batalla entre el Gobierno y las comunidades del PP, llevando el debate sobre el modelo sanitario al epicentro del debate político.

El auge de algunos postulados defendidos por la ultraderecha internacional, como su rechazo a la inmigración, ha encontrado su espacio también en España. Un ejemplo claro se vio el pasado verano en Torre Pacheco (Murcia), donde el discurso xenófobo —sumado a los bulos—, potenciado por las redes sociales, acabó provocando «cacerías» de personas migrantes después de que un vecino de la localidad fuera agredido por un grupo de personas de origen magrebí.

Fuera del ámbito puramente político, el año 2025 ha estado marcado por otros eventos y efemérides, con el gran apagón como el gran protagonista. El 28 de abril a las 12:33 horas España se quedó a oscuras. Una sobretensión en el sistema eléctrico provocó una cadena de fallos en toda la península y el país se quedó, de repente y sin aviso, sin electricidad.

Fueron muchas horas de velas e incertidumbre pero también de reacción frente a la adversidad, con las fuerzas de seguridad movilizadas y los servicios públicos esenciales funcionando. Y trajo consigo imágenes más propias de décadas atrás: la de miles de ciudadanos recurriendo a un aparato olvidado que se tornó esencial, el transistor, o recuperando el espacio público para hablar con sus vecinos.

En el año del 50 aniversario de la muerte de Franco —que ha vuelto a enfrentar a izquierda y derecha por el tratamiento al dictador— Juan Carlos I ha sido protagonista por otro motivo: la publicación de sus polémicas memorias, en las que defiende su papel en la Transición, reconoce cierta simpatía por Franco, lamenta su «exilio» forzado y elogia a su hijo, pese al distanciamiento. Un libro que no ha gustado ni a Zarzuela ni a Moncloa.

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