El Supremo fija en abril el primer juicio contra Ábalos, aunque las defensas tratarán de anularlo en febrero en una vista previa

El Tribunal Supremo tiene previsto juzgar el próximo mes de abril al exministro José Luis Ábalos, al que fuera su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por la pieza principal del caso Koldo, por las presuntas irregularidades en los contratos de compra de mascarillas para varias administraciones y los enchufes para mujeres relacionadas con el primero en empresas públicas.

Aunque el Alto Tribunal tenía intención de comenzar a juzgar la trama Koldo algo antes, la fijación de las vistas -- que hará coincidir este juicio con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional-- viene condicionada por la apretada agenda de compromisos previos durante todo febrero y marzo del nuevo abogado del diputado suspendido, que incluye las sesiones de un juicio contra la trama Púnica en la Audiencia Nacional.

No obstante, desde las defensas se intentará que los acusados nunca lleguen al banquillo, y para ello argumentarán cuestiones de nulidad en una vista de cuestiones preliminares que se celebrará en una fecha mucho más próxima, que en principio se baraja para el próximo 6 de febrero, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. En el caso (más que probable) de que estas cuestiones no prosperen, el Supremo juzgaría a los tres acusados a partir de una fecha aún por determinar del mes de abril.

El posible calendario se ha abordado con carácter informal --aún no se ha dictado ninguna resolución al respecto por parte de la Sala-- en una reunión a la que habían sido convocadas las partes este viernes por parte de la Sala que va a juzgar el caso. En el encuentro, según han informado fuentes jurídicas, han estado presentes el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, que también presidirá este juicio, y la magistrada Ana Ferrer, además del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón y, representantes de todas las partes en este procedimiento.

Tribunal equilibrado

Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Los tres procesados se enfrentarán a un tribunal equilibrado en la sensibilidad de sus integrantes, compuesto por el propio presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, el moderado Andrés Martínez Arrieta, al que se suman los conservadores Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar (que fue fiscal general durante el Gobierno de Mariano Rajoy) más los progresistas Andrés Palomo, Javier Hernández y Ana Ferrer. Todos menos Sánchez Melgar y Hernández formaron parte de la Sala de admisión de este procedimiento.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo -- ambos en prisión preventiva-- y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública. Mantiene a los dos primeros en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre.

Vista de prisión

Este jueves defensa de José Luis Ábalos indició ante la Sala de apelación del Supremo en que no existe riesgo de fuga ni ningún otro motivo que justifique que el exministro permanezca en prisión pese a la cercanía del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Los magistrados Pablo Llarena, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo estudian ya esta petición, que cuenta con la argumentación en contra de la Fiscalía Anticorrupción.

El instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, calificó de "extremo" el riesgo de fuga en el auto por el que tanto Ábalos como Koldo, que también ha recurrido esta situación, ingresaron en prisión. El Ministerio Público no cree que la situación haya cambiado, por lo que el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reiteró este jueves ante la Sala que el recurso de apelación no debe admitirse y ambos deben permanecer en la cárcel hasta el juicio.

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