Sánchez se encomienda a la mediación del PNV con Junts y redobla los anuncios para recuperar iniciativa

Los anuncios sobre medidas de calado puestas sobre la mesa por parte del Gobierno desde que arrancó el año no cesan. A la reforma del modelo de financiación, presentada ya a las comunidades autónomas, se han ido sumando otras tan dispares como la creación de un fondo soberano, el impulso de un banco de tierras para la cesión de fincas a jóvenes agricultores o, más recientemente, la regularización de hasta medio millón de migrantes. Este mismo martes, Pedro Sánchez anunciaba desde Dubái un paquete de reformas para aumentar el control sobre las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Mientras tanto, se han acelerado las cesiones a los socios en acuerdos pendientes de los compromisos de investidura.

Sánchez trata así de recuperar la iniciativa política tras cerrar el año en un punto de inflexión por los casos de presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE, al tiempo que vuelve a intentar rehacer el puzle de la mayoría de investidura con vistas a los Presupuestos y a extender la legislatura hasta mediados de 2027. El ánimo de capitalizar la oposición a Donald Trump, liderando la línea dura en la UE con su Administración, sirve igualmente de pegamento con los socios como de control de la agenda ante la coyuntura internacional. En este sentido, Sánchez busca reforzar un perfil internacional antagónico con la “ola ultra” que visibilizará con la celebración el próximo 17 y 18 de abril en Barcelona de una cumbre de líderes progresistas de todo el mundo.

En la pretensión de recomponer la mayoría de investidura se ha visibilizado un elemento novedoso que tiene que ver con la ayuda del PNV. Los nacionalistas vascos están aumentando su papel de mediación con los posconvergentes, como se ha visto con la negociación para recuperar las medidas del decreto ómnibus que decayeron la pasada semana con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Dentro del escudo social, se ha pactado con el PNV que la prórroga de los desahucios no afecte a los propietarios de una vivienda en alquiler, una reivindicación compartida por el partido liderado por Carles Puigdemont.

El Gobierno no necesitaba seducir a los jeltzales, pues ya habían votado a favor del decreto ómnibus, pero a través de ellos se trata de atraer a Junts, como reconocen en Moncloa. Se hace además, corriendo el riesgo de soliviantar a sus socios de izquierda. Pese a todo, fuentes de Moncloa justificaban que los cambios introducidos en el decreto social se ha llevado a cabo desde la perspectiva de que “consideramos que tienen más consenso”. “Llevamos unas medidas con un diseño que no salieron, esperamos que estas sí”, concluyen dejando entrever su prioridad de atraer a Junts a la mayoría de investidura.

No es la primera vez que el PNV asume una suerte de papel de intermediario desde que Puigdemont dio por rotas las relaciones con el Gobierno el pasado mes de octubre. Lo hizo también para desbloquear la carpeta de la multirreincidencia, que precisamente se aprobará definitivamente en el pleno del Congreso de la próxima semana. Tanto la bandera de la lucha contra la “okupación” como la de la seguridad son de primer orden para Junts ante la amenaza electoral de Aliança Catalana.

Sánchez se las está concediendo y asumiendo con ello boquetes en su flanco izquierdo. De hecho, la reforma para atajar la multirreincidencia saldrá adelante con los votos del PP. Una de las novedades más relevantes es que se establece la pena de prisión de uno a tres años (hurto agravado) si los objetos sustraídos son móviles o similares.

Calendario de cumplimientos con el PNV

En Moncloa, además, confían en que un hipotético regreso a Catalunya de Carles Puigdemont sirva para acercar posiciones. Una “ventana de oportunidad” para reconducir la relación y sacar adelante los Presupuestos, sumado a la intención de “cumplir la agenda con Junts”. Se abriría así un escenario que califican de "normalización total" y que "puede ofrecer un marco diferente al que tenemos ahora mismo".

El PNV con su mediación se asegura vender estos acuerdos, además de que no deja de compartir cierto interés en que continúe la legislatura para lograr cerrar compromisos pendientes calendarizados para los próximos meses. Principalmente, los relativos a la transferencia de competencias fijadas en el estatuto de Gernika.

Antes de abril está comprometida una Comisión Permanente para cerrar el acuerdo político que ponga en marcha la cesión de los aeropuertos vascos. Asimismo, se ha agendado para las mismas fechas otra reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para abrir la negociación de cara a actualizar la ley quinquenal del cupo vasco, lo que aumenta la interdependencia.

Suscríbete para seguir leyendo