Interior no opondrá objeciones a una reforma del Código Penal contra los delincuentes reincidentes

“Si hay algún ministerio que se vaya a oponer a cualquier iniciativa para atajar la multirreincidencia de los delincuentes, ese no será Interior”, asegura un ejecutivo del departamento gubernamental que dirige Fernando Grande-Marlaska. El asunto de la impunidad que genera la pertinaz repetición del delito menor es un clamor entre los policías que también empapa a las capas altas de la seguridad del Estado. Pero en repetidas ocasiones, desde esos estratos, incluido el ministerial, han dicho que la solución pasa por la reforma del Código Penal y que por lo tanto no es asunto que pudiera resolver el ministerio.

Ese momento ha llegado este jueves en el Congreso. Para los más interesados, los policías que hacen patrulla en la calle y los ediles que oyen las quejas de tenderos y hosteleros, ha sido una espera larga. Recuerda la fuente mencionada dos encuentros del hoy alcalde de Barcelona y entonces jefe de la oposición en el ayuntamiento de la capital catalana con el ministro Grande-Marlaska, en los que expuso el problema que vive la ciudad -significativamente afectada entre otras urbes españolas- con la acción de delincuentes pertinaces. Y en ambas ocasiones el ministro le dijo eso mismo a Jaume Collboni: que mayormente depende de una modificación del Código Penal, por más que se intensifique la actuación policial.

Los policías persiguen, detienen, llevan al juzgado y asisten con frustración a la puesta en libertad casi automática del multirreincidente. Aún sabiendo que eso se hace en aplicación estricta de las leyes españolas, siguen asombrándose al ver llegar a la oficina de denuncias a un delincuente por la mañana y, tras pasar por el juzgado, volver al calabozo por la noche del mismo día.

Islas de delincuentes

En Catalunya “es muy agudo el problema, por el espectro, sociodemográfico de Barcelona y su área metropolitana”, admiten en Interior. “Sin duda es un área que alberga a multirreincidentes profesionales”, asevera otra de las fuentes consultadas en el ministerio. Se refiere al espectro de delitos que, pese a llamarse técnica y jurídicamente menores, causan gran alarma ciudadana y efectos sobre las economías de los barrios afectados: el hurto, los atracos, la violencia callejera y doméstica, las conductas incívicas o el trapicheo de drogas en las esquinas.

Tanto en la Policía Nacional y la Guardia Civil como en los Mossos d’Esquadra tienen sus técnicos reiteradamente analizado el fenómeno de la aparición de islas delincuenciales bajo la acción de bandas integradas por multirreincidentes en las que es un galón, puro prestigio, contar con muchas detenciones y pasos por los calabozos policiales. “Pero también el efecto llamada que tiene entre redes de carteristas y otros ladrones lo muy contado que está en toda Europa que, en España, los delitos de este tipo no tienen coste“, lamenta un veterano policía dirigente de seguridad ciudadana en Madrid. Este agente recuerda la tendencia del carterista a no robar más de 400 euros, aprovecharse más del descuido que de la violencia, pues “ahí estaría pasando a otro nivel en el que no es tan fácil que el juez lo ponga en libertad nada más pasar a su disposición, y se le estropea el medio de vida”.

Se encamina a no entrar en esa categoría de delitos menores el robo de un móvil, el objeto más preciado por los pequeños ladrones reincidentes. Las fuentes policiales consultadas se muestran de acuerdo con considerar ese acto como atentado contra la intimidad digital de las víctimas, con lo que se agravaría su pena, como propone la media que este jueves se ha aprobado en el Congreso.

Narcogasolineros

Preguntado este jueves el ministro del Interior, Marlaska ha querido dejar claro que a actitud del Gobierno "no es una concesión ha nadie: se ha entenido oportuna aplicar la norma a la gravedad de los hechos". Aproximar la ley a la realidad de la calle tiene, en su opinión, el efecto de que "incrementa las garantías legales para responder más adecuadamente a hechos delictivos concretos".

Ahora bien, ha atajado el ministro las elucubraciones más xenófobas de parte de los que han apoyado la iniciativa legistlativa: "Las expulsiones [de extranjeros] no dependen de la multirreincidencia, sino de de determinadas condenas", de medidas sustitorias de las penas y de expedientes concretos derivados de la comisión de determinados delitos graves.

En Interior celebran especialmente el efecto que la nueva ley puede tener sobre los petaqueros. Así se les llama en Andalucía a los navegantes que transportan garrafas de combustible a las narcolanchas que anclan en alta mar. Tras la sesión parlamentaria en la que ha salido aprobada la propuesta, portavoces de Interior estiman que la nueva ley puede tener el efecto de "anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga".

Recuerdan además en un comunicado que "solo entre enero y octubre de 2025, en las seis provincias afectadas por el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar (Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aprehendieron 683.000 litros de gasolina".

Atender a los ficheros

Hay en España una base de datos de delincuentes multirreincidentes, pero no es precisamente la de esos delitos: en el sistema policial Viogen -de violencia de género- existe la clasificación del “agresor persistente”, que permite a las fuerzas de seguridad, y también a las posibles víctimas, conocer el riesgo de tratar con él.

No son delitos comparables, pero, recordando ese precedente de clasificación de una amenaza, los sindicatos policiales han pedido en numerosas ocasiones que se enjuicie el delito menor de otra manera si su autor persiste en la conducta. “Si un delincuente tiene 20 reseñas de detención en un tiempo determinado, deberían entrar en acción medidas cautelares que agraven paulatinamente la pena cuando reincide”, propone Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, SUP, el decano del Cuerpo. Alarcón pasó cuatro de los años de su carrera en una ODAC, las Oficinas de Detención y Atención al Ciudadano de la Policía, cuyos funcionarios ven prácticamente a diario las mismas caras.

En opinión de los policías con los que ha hablado este diario, la acción contra la multirreincidencia debería pasar por modificar el plazo de prescripción de delitos, aplicar una penalización sobre la acumulación y hacer valer la información que todos los agentes de patrulla de la Policía Nacional tienen a disposición en Argos, el fichero que manejan los patrulleros para conocer el perfil policial de la persona a la que acaban de detener en la vía pública”.

En la mitología del universo policial han entrado con derecho propio dos casos, y los dos son catalanes. Por un lado, el de un veinteañero de Sant Boi de Llobregat que suma 225 denuncias y 31 detenciones en la especialidad de ocupación ilegal de domicilios, extorsión a propietarios y venta de llaves de pisos usurpados. Por otro, un delincuente viejo conocido de los Mossos con 62 detenciones en su haber, en su mayoría por afanar bienes ajenos.

Profesionales peligrosos

La multirreincidencia “no solo es cosa del raterillo de la calle, es también una herramienta del crimen organizado”, explica este agente. Se refiere a cómo las bandas de ladrones y narcos exprimen la ficha policial de sus peones, “cambiándolos de país, o de ciudad, o incluso de barrio”. Para entonces “ya están quemados, pero son también delincuentes muy expertos”.

Hay además un hecho que los sindicatos han explicado a partidos, en este caso el PP cuando recientemente trataba de sacar adelante medidas en el Senado: la mayoría de agresiones que sufren los agentes de seguridad ciudadana se las provocan delincuentes multirreincidentes.

En Interior observan otra consecuencia en el fenómeno: la multirreincidencia no solo desgasta la moral de los policías:cuesta dinero, el que se precisa para el despliegue de patrullas y refuerzo de la seguridad en áreas afectadas; y también la detracción de recursos policiales para asuntos más graves -como la vigilancia sobre víctimas potenciales de violencia de género- y el derroche de medios y mantenimiento en calabozos y oficinas de tramitación de tantas entradas, más que reiteradas, en los calabozos.

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