Sánchez deja desnuda a Canarias en la migración

España continúa sin solicitar recursos adicionales para gestionar la situación migratoria —que afecta directamente a Canarias—, a pesar de que Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) los ha ofrecido. Así lo indica el informe elaborado por la misión de una delegación de eurodiputados que visitó varias islas del Archipiélago en septiembre. El objetivo de la delegación era evaluar el impacto de la migración, y su documento recoge diversas observaciones derivadas de su visita a Canarias, donde pudieron conocer, entre otros, el centro Las Raíces y el Canarias 50, ambos destinados a la residencia de adultos migrantes.

La delegación, compuesta por seis miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y encabezada por su presidente, Bogdan Rzońca, confirmó que la presencia de Frontex en el Atlántico difiere de la existente en el Mediterráneo central. En las Islas, la agencia proporciona sistemas de detección temprana, y "la oferta de facilitar medios materiales a España sigue vigente en caso de que sea necesario", pese a que, al menos hasta ahora, "el Gobierno español no ha solicitado recursos adicionales". En este sentido, los recursos de Frontex —que no puede desplegar sin la autorización y solicitud del Estado miembro— carecen de helicópteros, aeronaves y embarcaciones en la zona. Materiales que en la práctica podrían funcionar de manera inmediata para rescates marítimos, vigilancia costera y apoyo logístico en la gestión de la llegada de personas migrantes.

La respuesta desde Canarias —principal puerta de entrada a Europa por vía marítima— es contundente. "No entendemos cómo España no ha solicitado los recursos de los que dispone Frontex y otras agencias europeas para gestionar mejor la crisis migratoria que afrontamos en Canarias", denuncia Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Unas declaraciones que toman más fuerza si se tiene en cuenta que la presencia de Frontex en España se negocia cada año a través de un plan operativo. "Está preparada para incrementar su apoyo, incluso proporcionando medios materiales, si España lo solicita", subraya el informe de la delegación. Por el momento, su participación en el país se limita a la gestión migratoria.

¿Cuál es la actividad de Frontex?

El propio informe señala que Frontex ya ha comenzado a impulsar nuevos proyectos en países africanos. Entre ellos destaca el proyecto en Cabo Verde, que emplea satélites para proporcionar información de inteligencia a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, funcionando como un sistema de alerta temprana. Además, la agencia ha desplegado oficiales de enlace en Marruecos y Senegal, que también cubren Mauritania y Gambia, países que actúan como principales emisores de migrantes hacia el Archipiélago.

Las medidas adoptadas, según la delegación, “han sido dispares” hasta la fecha. El peticionario señala que algunos Estados miembros no están cumpliendo sus compromisos en este ámbito y hace un llamamiento a que la Unión Europea actúe de manera conjunta, como unidad política, para sancionar o corregir a aquellos países que no respeten cualquier acuerdo futuro. En el caso de Canarias, "preocupa enormemente" la cooperación con los países de origen. "Debe ser una colaboración realizada de manera conjunta con esos Estados y basada en políticas que respondan realmente a sus necesidades", añade Caraballo.

La financiación y los menores

En materia de financiación –una de las principales reivindicaciones de la Comunidad Autónoma– el propio informe reconoce que esta resulta «insuficiente». España recibe fondos de la Unión Europea a través de Frontex destinados a centros de acogida y a sistemas de vigilancia como el SIVE para la gestión de los flujos migratorios. Hasta el momento, el Estado ha transferido a Canarias 100 millones de euros correspondientes al ejercicio del año pasado. Sin embargo, la cuantía no cubre las necesidades actuales y el documento advierte, además, de una carencia de profesionales, entre ellos psicólogos, educadores sociales y mediadores culturales.

Uno de los principales focos de la visita de la delegación fue la situación de los menores migrantes. Aunque el Ejecutivo autonómico ha reconocido en numerosas ocasiones las dificultades que entrañan las pruebas de determinación de la edad, el informe advierte de que las evaluaciones iniciales realizadas por la policía suelen ser imprecisas. Esta circunstancia provoca que algunos jóvenes sean derivados inicialmente a centros inadecuados hasta que se confirma su edad real. El documento subraya que, de los cerca de 1.500 menores no acompañados cuya edad estaba en duda en 2023 y que fueron sometidos a procedimientos de evaluación tras su ingreso en centros de acogida para adultos, finalmente se determinó que la mitad eran mayores de edad.

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