El Gobierno frena el electoralismo desde La Moncloa tras enfrentar seis multas esta legislatura

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, en la recta final de la campaña de las elecciones de Castilla y León, un contrato de obras para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid por un valor estimado superior a los 42 millones de euros. No se publicitó por parte de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior en La Moncloa. Una autocensura en plena campaña autonómica que llega tras recibir media docena varapalos de la Junta Electoral Central (JEC) solo durante esta legislatura por incurrir en electoralismo desde la sala de prensa de La Moncloa u otros actos institucionales.

La antecesora de Saiz en el Gobierno, Pilar Alegría, ya reconoció su autocontrol tras concatenar dos sanciones firmes y en Moncloa hablan de contención, sin dejar de llamar la atención por el puntillismo con el que se auscultan sus faltas a la “neutralidad política” durante periodos electorales recogidas en la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). De hecho, el árbitro electoral abrió también un expediente sancionador a Saiz por unas declaraciones críticas con PP y Vox apenas dos meses después de ser nombrada en el cargo, realizadas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco se ha librado, con una sanción en 2023 y otra en 2024 y un expediente abierto en 2025, todavía sin resolver.

Los ministros candidatos

Con una campaña electoral casi permanente y múltiples citas autonómicas cada vez más repartidas en el calendario, el trabajo de la JEC con el Gobierno se ha visto incrementado. La estrategia del PSOE de los ministros candidatos ha contribuido además a tensionar la situación al aprovechar las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros para confrontar modelos con las comunidades del PP.

En algunas ocasiones han llegado a coincidir en la sala de prensa de La Moncloa hasta tres ministros llamados a ser candidatos autonómicos, enfrentando modelos con las comunidades gobernadas por el PP. Habitualmente, arremetiendo contra la privatización sanitaria o educativa en los territorios gobernados por sus potenciales rivales electorales. La propia Alegría fue portavoz hasta la convocatoria de las elecciones aragonesas, mientras que la vicepresidenta primera María Jesús Montero seguirá sus pasos cuando Juanma Moreno disuelva el parlamento andaluz.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, es por su parte secretario general del PSOE en Madrid y la ministra de Ciencia, Diana Morant, en la Comunitat Valenciana. Habitualmente han sido los encargados de poner en valor inversiones en sus respectivos territorios, además de confrontar con Isabel Díaz Ayuso o el expresident de la Generalitat Carlos Mazón. La financiación de las universidades, la gestión de la dana o el choque por el derecho al aborto han sido temas recurrentes abordados en estas ruedas de prensa.

Multas y argumentos

Con semejante plantel de 'ministros-candidatos' resulta difícil no toparse de vez en cuando con la JEC. Sin embargo, entre los principales señalados está siempre el jefe del Ejecutivo. En esta legislatura, el presidente del Gobierno ha sido sancionado en dos ocasiones: 2.200 euros por unas declaraciones que dio en Bruselas antes de las últimas elecciones generales y con 1.500 euros de multa, por ensalzar la figura de Salvador Illa en la campaña electoral catalana desde una cumbre celebrada en Doha. Cuenta con otro expediente sancionador que nunca se resolvió por una visita a Navantia antes de las elecciones gallegas. Y, ahora, espera otra multa de la JEC por criticar la gestión de las comunidades del PP en el balance que hizo a final de año, a pocos días de que instalaran las urnas en Extremadura.

También tienen una compleja labor las ministras que han ocupado la Portavocía del Gobierno en los últimos años: Isabel Rodríguez, Pilar Alegría y Elma Saiz. La primera dejó el cargo con dos multas por un total de 4.700 euros por criticar a PP y Vox desde la sala de prensa de La Moncloa en las elecciones autonómicas de 2023; la segunda también fue sancionada en dos ocasiones con 4.400 euros por hacer lo mismo en la campaña a las catalanas de 2024 y a las Europeas de ese mismo año. Saiz, que desde que llegó a la portavocía en diciembre ha vivido en una campaña permanente, ha ido esquivando la situación, pero hace una semana la JEC le abrió un expediente al denunciar los pactos entre PP y Vox.

Con más de cuatro meses entre precampaña y campaña, el Ejecutivo ha hecho gala de esa contención, a la vista de las cifras. No obstante, en la última denuncia a Saiz, argumentaron ante la JEC que una rueda de prensa en la que se presentan los acuerdos adoptados por el Gobierno "requiere debate, contraste, posicionamiento, reproche a la posición del adversario y, en general, confrontación y debate de ideas". Y también apuntaron a que la "sucesión continuada de procesos electorales" puede acabar en un control exhaustivo de cualquier declaración y derivar en "suprimir la intervención del Gobierno de España en el debate general de aquí al final de la Legislatura".

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