Escudo anticrisis de Canarias: bajar el IGIC, abaratar los carburantes y blindar a las familias vulnerables

Primero fue la pandemia, después vino el volcán Tajogaite en La Palma y la invasión rusa de Ucrania y, ahora, el conflicto bélico provocado por Estados Unidos e Israel con su ataque a Irán. Canarias afronta de nuevo el riesgo de pagar con mayor dureza que otros territorios el coste de una crisis que viene del exterior.

La subida del petróleo, el encarecimiento de los carburantes y la amenaza sobre el transporte de mercancías con motivo de la tensión en el estrecho de Ormuz han colocado al Archipiélago en una situación de alerta económica que obliga al Gobierno de Fernando Clavijo a convocar el lunes y martes a las patronales, a los sindicatos y a las fuerzas parlamentarias para consensuar medidas que frenen un nuevo deterioro del poder adquisitivo y un repunte generalizado de los precios.

La preocupación no se limita al precio del petróleo. El encarecimiento de los fletes y del transporte de mercancías amenaza con volver a tensionar una economía especialmente vulnerable a los vaivenes internacionales, en un momento en el que la vivienda y los alquileres ya absorben una parte desproporcionada de los ingresos de muchas familias en una región en la que existen bajos salarios y altos índices de pobreza y exclusión social.

Plan de choque

Tras conocerse las medidas anticrisis que este viernes adoptará el Consejo de Ministros extraordinario -y sobre la base de los parámetros que haya acordado la Unión Europea (UE)- Clavijo trasladará el lunes a su Consejo Asesor -del que forman parte los agentes económicos y sociales- y un día después a las formaciones parlamentarias el plan de choque canario con el que pretende amortiguar el impacto de la crisis derivada de la guerra en Irán, con una prioridad clara: evitar que el alza de la energía y del combustible termine golpeando de lleno a hogares, autónomos y empresas. 

La decisión del Consejo de Ministros es vital para Canarias, ya que el Ejecutivo regional espera, como ha solicitado en los últimos días el presidente Clavijo, que Moncloa flexibilice la regla de gasto y permita a la Comunidad Autónoma endeudarse más para financiar el plan anticrisis sin tener que mermar las partidas presupuestarias destinadas este año a garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en Educación, Sanidad y atención a la Dependencia.

El presidente Clavijo espera que el Gobierno central flexibilice la regla de gasto para financiar el escudo social sin tocar partidas para los servicios públicos esenciales

Medidas específicas

Por este motivo, desde CC reclaman que el decreto estatal contemple mecanismos específicos para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, evitar el encarecimiento generalizado de precios y proteger tanto al tejido económico como al poder adquisitivo de los residentes en el Archipiélago, porque en Canarias se multiplica cualquier incremento de costes que afecte al territorio continental europeo.

David Toledo, secretario de Organización de CC, afirma que "el Estado tiene que entender que las mismas medidas no sirven para todos los territorios y que Canarias necesita una respuesta diferenciada si realmente se quiere proteger a esta tierra".

Rebajas selectivas y ajustes

Una vez conocida la capacidad de maniobra financiera que el Estado ofrezca al Archipiélago y si se incluyen soluciones específicas para las Islas, entre las medidas que aún elabora el departamento del vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez -que lleva semanas reuniéndose con los sectores más afectados- figuran una rebaja selectiva del IGIC, ajustes en la fiscalidad sobre los carburantes y el refuerzo de la protección a las familias vulnerables, ya que en un territorio ultraperiférico y dependiente del exterior como Canarias, cualquier subida en los combustibles -que ya está siendo investigada por el Consejo Canario de Defensa de la Competencia para sancionar el “sorprendente” incremento que se produjo apenas 24 horas después del ataque a Irán- tiene un efecto inmediato y multiplicador sobre toda la economía.

El encarecimiento energético no solo impacta en las gasolineras: se traslada con rapidez a los alimentos y al conjunto de la actividad económica

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, resumió el martes con crudeza ese diagnóstico: "cuando sube la energía y no hay alternativas, el ajuste acaba recayendo sobre las familias". 

Al respecto, las patronales de ambas provincias sostienen que el alza de los combustibles ya representa hasta el 40% de los costes de muchas empresas, un incremento que amenaza con trasladarse directamente al precio de los alimentos y de otros bienes esenciales.

En ese contexto, empresarios y sindicatos coinciden, al igual que el PSOE canario, en reclamar la recuperación de una bonificación directa de al menos 20 céntimos por litro de combustible y una rebaja del impuesto sobre los carburantes, aunque desde el Gobierno se considera que esas bonificaciones deben ser más quirúrgicas y selectivas. 

Stop desahucios

Junto a incentivos temporales para elevar los salarios bajos y medios sin cargar más costes sobre las empresas -con el objetivo de sostener la capacidad de compra de los hogares- las centrales sindicales añaden la reactivación de parte del escudo social que no salió adelante en el Congreso: paralización de desahucios para familias vulnerables, la garantía de suministro básico de agua y luz, freno a los despidos activando los ERTE y nuevas ayudas dirigidas a los autónomos.

A este escenario se suman las propuestas elaboradas por los dos principales partidos de la oposición -PSOE y NC- y que trasladarán al presidente Clavijo el 24 de marzo.

El portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis, aboga por una deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de la vida - 225 euros para rentas inferiores a 20.000 euros; 175 euros hasta 25.000 euros y 125 euros hasta 30.000 euros-; la "revisión extraordinaria del régimen de devolución del impuesto sobre combustibles para profesionales; prestaciones extraordinarias para preceptores de pensiones no contributivas, ayudas asistenciales y Renta Canaria de Ciudadanía (RCC); una "concesión directa de ayudas extraordinarias destinadas a garantizar la continuidad de la actividad ganadera en Canarias", con el objetivo de compensar el incremento de los costes de producción derivados del encarecimiento los piensos, los fertilizantes y el transporte; y ayudas extraordinarias al transporte interinsular de mercancías y la implantación de energías renovables.

Por su parte, los ‘canaristas’ han elaborado un ‘Plan Canario Anticrisis’ alternativo que plantea recuperar la bonificación del 99,9% al combustible profesional para unos 25.000 transportistas, agricultores y ganaderos, reactivar la deducción del IRPF por el alza de precios para las rentas medias y bajas -individuales inferiores a 30.000 euros anuales o 45.000 euros en tributación conjunta-, reforzar la RCC y declarar zonas residenciales tensionadas para contener el precio del alquiler.

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