El decreto para paliar los efectos de la Guerra de Irán incluye ayudas a los fertilizantes y el transporte marítimo

Las medidas aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros destinadas a paliar los efectos que sobre la economía está generando el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra Irán incluyen ayudas al uso de fertilizantes agrícolas y al combustible utilizado en el transporte marítimo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el "Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio". Un texto que también da impulso a las zonas de aceleración de renovables que Canarias ya contempla desde hace un año y medio.

Sin especificidades para Canarias

Tras la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez se intuyó la inexistencia de medidas específicas para el Archipiélago más allá de la adecuación al fuero canario de las iniciativas diseñadas para el beneficio del conjunto de los españoles. La letra pequeña lo confirma.

Bajando al detalle, sí existen bonificaciones que habían pasado desapercibidas en un primer momento y que tienen aplicación también en las Islas. Por ejemplo, las destinadas a subvencionar parcialmente el uso de fertilizantes en la agricultura.

Entre 22 y 55 euros

Los profesionales del campo recibirán 22 euros por hectárea cultivada de secano (papa o uva, por ejemplo) y 55 euros por la dedicada al regadío. Canarias deberá remitir a la Administración central la clasificación de las superficies y podrán beneficiarse las "tierras de cultivo y cultivos permanentes, excluidas las tierras de barbecho y los pastos temporales" que estuvieran dados de alta en el "registro autonómico de explotaciones agrícolas a 31 de mayo de 2025".

Además del transporte terrestre, también el marítimo "de pasaje, o de pasaje y carga rodada en régimen de pasaje" recibirá una compensación para amortiguar el incremento del precio de los hidrocarburos que se ha producido en las últimas dos semanas.

Trece céntimos por milla

Podrán beneficiarse las "navegaciones de línea regular de cabotaje declaradas de interés público de competencia estatal" o las de "competencia autonómica" interinsulares, entres otras. La cuantía destinada por el Gobierno de España es de trece céntimos por milla náutica.

Transporte terrestre

Además, en lo que respecta al transporte terrestre, existen profesionales que no pueden conducirse por el procedimiento general establecido para el cobro de los 20 céntimos por litro de combustible.

Para ellos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez articula ayudas directas que van desde los 1.800 euros que recibirá cada vehículo pesado consumidor de gasoil destinado al transporte de mercancías, hasta los 200 para los taxis (tanto de gasoil como de gasolina).

Energías renovables

Por otra parte, el decreto da carta de naturaleza a las zonas de aceleración de renovables (ZAR), herramienta para impulsar la penetración de energías limpias que Canarias ya utilizar desde hace un año y medio.

Se trata de una herramienta contenida en una directiva europea, que España ahora traspone a su ordenamiento jurídico, y que persigue afianzar el proceso de descarbonizacón. Su aparición en una norma que subvenciona la utilización de hidrocarburos contaminantes tiene pleno sentido.

Canarias, pionera

El modo de empleo de estas ZAR pasa por fijar áreas sobre las que existe un consenso amplio de cara al desarrollo de proyectos renovables.

Se trata de ese modo de evitar judicializaciones que hagan encallar parques eólicos o plantas fotovoltaicas, por ejemplo, durante la tramitación administrativa o su fase de desarrollo; con todos de acuerdo, queda despejado de posibles judicializaciones el horizonte.

Reconocimiento europeo

Canarias incluyó estas ZAR en el decreto de modificación de la Ley de Cambio Climático que se aprobó el año pasado. La Comisión Europea (CE) felicitó a las Islas por ello. De hecho, Bruselas solicitó un conocimiento detallado del proceso contemplado para colocarlo como ejemplo ante otros territorios de características similares.

La inclusión de las ZAR en el marco legislativo estatal obliga al Archipiélago a observar el nuevo texto, que no difiere en esencia del establecido en la comunidad autónoma.

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