El Gobierno busca atajar las dudas del Consejo de Estado sobre los antecedentes penales para aprobar la regularización de migrantes

El Gobierno tiene la intención de aprobar el próximo martes la regularización de migrantes que ya están en España anunciada a finales de enero. Pero, para que vea la luz en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo está "trabajando" en solventar los escollos que ha planteado el Consejo de Estado a su iniciativa política. Entre ellos, la principal crítica radica en el procedimiento establecido para acreditar la ausencia de antecedentes penales de los extranjeros. "No hay nada insalvable", admite un miembro del Gobierno que última la redacción del reglamento para que el texto vea la luz el martes.

La pasada semana, cuando en la Moncloa se empezó a organizar el Consejo de Ministros de este martes aún no habían recibido el informe del órgano consultivo que preside Carmen Calvo, y desde el que aseguran que fue remitido al ministerio solicitante en la tarde del viernes. Pero eso no implica que no conocieran las objeciones que ponen y las recomendaciones técnicas para llevar la regularización a la práctica.

Por eso están ya trabajando en el Ejecutivo, según apuntan a esta redacción, para solventar aspectos que requieren ser revisados y reformulados en los que ha puesto el foco el Consejo de Estado como el desorden del articulado o la falta de un cálculo de impacto presupuestario.

Vulnerabilidad y antecedentes penales

Uno de los aspectos que más polémica generó el anuncio del Gobierno para regularizar a cerca de 500.000 extranjeros fue el procedimiento para que los solicitantes justifiquen la ausencia de antecedentes penales, uno de los requisitos básicos. El Ejecutivo planteó la necesidad de presentar un registro oficial de los países en los que hubieran residido en los últimos cinco años, pero que en caso de no tener respuesta bastaría con una "declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales". Sin embargo, el Consejo de Estado hecha por tierra esta excepción.

"Este Consejo entiende que ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países", asevera el informe antes de apuntar que deben "aportar ese certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación". No obstante, admiten "los problemas que pueden surgir para aportar certificados o documentos de antecedentes penales de una diversidad de países", pero el Consejo de Estado considera que esta exigencia no es "desproporcionada" dado lo especial de este proceso regulatorio.

Otro de los cambios requeridos en el informe es que contenga "los criterios con los que acreditar la vulnerabilidad de los extranjeros a los efectos por ella contemplados". De ahí que se vaya a proceder a aclarar la definición de vulnerabilidad, como indica el Consejo de Estado, de manera que "se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud".

Además, en el informe se requiere la eliminación de algunos de los redactados por entrar en conflicto con un real decreto publicado en 2024 sobre las peticiones de protección internacional. Así se apunta que es incompatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional (PI) y otro resultante de la regularización. Por lo tanto, el permiso de PI estará vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero). Por último, se pide que se concreten los encargos que se hacen a Tragsa para hacer frente a las solicitudes.

Ensalzar lo positivo

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento que coordina el real decreto, poner en valor que el Consejo de Estado avala que la regularización se realice por la vía reglamentaria, por ser un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional. Es más, destacan que las recomendaciones del Consejo de Estado caminan en la misma línea del texto original y valoran positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación.

En lo referente a los antecedentes penales, desde Inclusión señalan que "en todo momento, carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso, así como tener un plazo para demostrarlo. Además, se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública".

En el ala socialista del Ejecutivo consideran que las "observaciones" formuladas por el Consejo de Estado son "razonables" y, por tanto, el decreto puede adaptarse sin poner en vilo la intención política y, especialmente, sin poner en peligro el apoyo de los socios. Evitarían asi un nuevo y convulso Consejo de Ministros como el vivido para la aprobación de medidas contra la crisis económica y social deriva de la guerra en Oriente Medio, y que terminó diviendo las medidas en dos reales decretos, quedando aun uno de ellos (el referido a la vivienda) por convalidar en el Congreso.

Aunque la intención inicial del Gobierno era que la regularización comenzase el 1 de abril, los aspectos técnicos y, especialmente, las dudas jurídicas han provocado este retraso del real decreto que aprueba con carácter urgente ciertas modificaciones del Reglamento de Extranjería para dar comienzo al procedimiento de regularización de miles de migrantes que ya están en territorio nacional pero de manera irregular.

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