Campo, dependencia y construcción coparán la regularización de migrantes en Extremadura

Sí a la regularización de migrantes, pero con reservas. La patronal extremeña ve en la nueva medida aprobada por el Gobierno una vía para paliar la falta estructural de mano de obra en el mercado laboral, pero reclama más garantías para evitar un posible «efecto llamada» y, sobre todo, consenso político que aporte seguridad jurídica. Campo, dependencia, construcción y, en menor medida, hostelería, son los sectores donde más puede notarse su impacto en Extremadura. Ámbitos en los que según recuerdan UGT y CCOO, persisten altos niveles de precariedad laboral y una mayor exposición a la economía sumergida.

Según los últimos datos del Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Extremadura cuenta con 35.138 residentes de nacionalidad extranjera. Las estimaciones de sindicatos y ONG apuntan que unas 5.000 de estas personas estarían en situación irregular, y de ellas unas 3.000 podrían acogerse a la regularización. Rumanía, Marruecos, Portugal, Colombia, China, Brasil, Nicaragua, Honduras y Venezuela son los principales países emisores de migrantes a Extremadura.

Desde este jueves

El proceso de solicitud se inicia este jueves por vía telemática y, a partir del lunes 20 de abril, podrá realizarse también de forma presencial en las seis oficinas habilitadas de la Seguridad Social y de Correos en Cáceres, Mérida y Badajoz. Los solicitantes deben acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han permanecido en el país en los últimos cinco meses. A ello se suma un certificado de antecedentes penales, una copia del pasaporte y pruebas documentales de residencia en España. Se facilita una autorización inicial de residencia y trabajo por un año, válida únicamente en territorio español.

«A priori no nos parece mal», reconoce el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado. En el plano laboral, admite que la medida puede ayudar a paliar el déficit de mano de obra que arrastra Extremadura en sectores que a día de hoy no encuentran respuesta en el mercado laboral, pero sigue siendo necesario conocer qué perfiles tienen estas personas y en qué condiciones podrán incorporarse al empleo.

En la misma línea se expresa el secretario general de la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de la provincia de Badajoz (Ciem), José Luis Iniesta, que considera que la regularización debe ir siempre vinculada a una incorporación real al mercado laboral y acompañarse de formación para adaptar a los nuevos trabajadores a los sectores con más necesidad. Según datos de Ciem, aproximadamente unas 10.000 vacantes del mercado laboral extremeño se enfrentan a la falta de mano de obra como problema estructural.

Respuesta más amplia

Sin embargo, tanto la Creex como Ciem coinciden en reclamar una respuesta más amplia. Peinado expresa dos reservas claras: la inseguridad jurídica por la falta de consenso político, y un posible «efecto llamada» si no hay una respuesta más amplia y sostenida en el tiempo. Junto a ello, la Creex exige una actuación «decidida y contundente» contra la economía sumergida, al entender que también perjudica a empresas y autónomos que cumplen la legalidad.

Iniesta, por su parte, recuerda que la regularización de migrantes se trata de una cuestión «de Estado» que exige diálogo social y planificación gradual, especialmente por los efectos posteriores sobre el problema de acceso a la vivienda, el impacto en el sistema sanitario o la estructura productiva y social de la comunidad.

Precariedad laboral y economía sumergida

Frente a las cautelas expresadas por las organizaciones empresariales, los sindicatos han acogido la regularización como una oportunidad para aflorar empleo irregular, reconocer derechos laborales y mejorar las condiciones de vida de personas que ya trabajan en la comunidad.

Desde UGT Extremadura, la secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales, María José Ladera, ha valorado la medida como «una buena noticia» porque, a su juicio, permitirá reconocer derechos laborales y sociales a personas que ya estaban trabajando de manera irregular en la región. La dirigente sindical ha defendido que la regularización puede ayudar a visibilizar situaciones hoy ocultas, combatir la economía sumergida y reducir la explotación laboral, además de dignificar las condiciones de trabajo de un colectivo especialmente expuesto a la precariedad.

UGT ha situado el principal impacto de la medida en la ayuda a domicilio y la dependencia, el campo y la construcción, además de la hostelería en menor medida. Ladera ha señalado que no existen cifras oficiales sobre el volumen de trabajadores en situación irregular, precisamente por la naturaleza sumergida de esa actividad, aunque ha aludido a estimaciones de entre 3.000 y 5.000 personas en Extremadura.

Impacto de género

En una línea similar se ha expresado CCOO. Su secretaria de Cooperación, Internacional y Migraciones, Beatriz Blanco, ha recordado que el sindicato es una de las entidades colaboradoras del Ministerio en el proceso y ha avanzado que en Extremadura atenderá solicitudes en sus ocho sedes.

Blanco ha señalado que los sectores donde trabaja mayoritariamente la población migrante son la agricultura, los servicios, el comercio y los cuidados, un ámbito este último con una fuerte presencia femenina. La responsable sindical ha advertido además de que uno de los factores que puede condicionar el proceso será la obtención de certificados de antecedentes penales en los países de origen, ya que la agilidad administrativa no es la misma en todos los casos y el plazo de tramitación es limitado.