La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 para su asistente y 6 para el empresario Barrabés

La acusación popular en la causa contra Begoña Gómez ha dado a conocer este lunes el escrito de acusación que presenta por los cuatro delitos de corrupción que imputa el juez Peinado, que suman penas de 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno. En el caso del resto de investigados, solicita 22 años para su asistente en Moncloa y 6 para el empresario Juan Carlos Barrabés. Entre las pruebas a realizarse, el interrogatorio de Pedro Sánchez durante el juicio que llegue a celebrarse.

La petición responde al último requerimiento del juez, que la pasada semana decidió no prorrogar más la instrucción de la causa e imputar formalmente a Begoña Gómez un total de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La Fiscalía no acusa en este procedimiento por lo que, de no prosperar los recursos presentados contra las conclusiones del juez Peinado tras finalizar la instrucción, estas serán las únicas peticiones de cárcel con las que la esposa de Sánchez se sentará ante un jurado popular.

El escrito de la acusación popular bajo la dirección de Hazte Oír, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, añade que, hasta que se celebre el juicio ante un jurado popular, debe imponerse a la mujer de Pedro Sánchez y al resto de procesados la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, retirada del pasaporte, con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento y "obligación de comparecencia apud acta ante el Juzgado o Tribunal los días 1 y 15 de cada mes". Justifican esta petición al apreciar un "evidente y fundado riesgo de fuga" una vez ha concluido la investigación y se conoce que la petición de cárcel es elevada.

Fianza sin cuantificar

El escrito añade que "con carácter conjunto y solidario", los tres acusados deben prestar "fianza bastante, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en el presente procedimiento", no cuantifican, en relación con la pena de multa que se solicita por las condenas que se reclaman, a lo que habría que sumar "las previsibles costas procesales", ya que esta parte carece de legitimación para el ejercicio de la acción civil. El escrito se firma en nombre de la acción popular unificada, que además de Hazte Oír conforman Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Movimiento de Regeneración Política de España y también un ciudadano particular.

En el caso de Gómez, se le imputan dos delitos de tráfico de influencias (4 años en total) por la contratación de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, y por los contratos públicos obtenidos por el empresario Barrabés, a los que se deberían añadir la prohibición de contratar con el sector público y obtener subvenciones durante 10 años. A ello debería sumarse, según esta parte, otros 2 años de cárcel por la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid y 4 años más por corrupción en los negocios.

La petición se completa con el delito por el que piden la pena más grave, la de "malversación por usarse a Cristina Álvarez para sus intereses profesionales privados", que asciende a 8 años de prisión y una inhabilitación absoluta durante 20 años y finalmente un delito de apropiación indebida del 'software' utilizado en la cátedra que implicaría 6 años más de cárcel y multa. Los mismos delitos se piden para Álvarez, pero en esta ocasión la condena sería de un total de 22 años de cárcel.

Testigos

Además de Sánchez, para la acusación el juicio también tendría que contar como testigos con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, porque la asociación considera que su testimonio "es determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto", habida cuenta de que él dirigió la Secretaría General de la Presidencia.

Asimismo, la acusación solicita que testifique el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, --que es su día estuvo imputado en este procedimiento-- para que dé cuenta sobre la creación de la cátedra, así como de las "reuniones mantenidas en Moncloa" y, que para explicar la relación entre Gómez y Barrabés, sería necesario el testimonio del empresario Víctor de Aldama, acusado en el juicio que se celebra desde principios de abril en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, además de Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa.

Argumentos

Según el escrito de conclusiones de la acusación popular, aprovechando su relación con el presidente del Gobierno", ofreció "directa o indirectamente" a distintos directivos de "grandes y medianas empresas su interlocución" con su esposo. Agrega que Gómez que también ofrecía "su participación pública" para, según la asociación, "obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos" para su "favorecimiento personal" y "con un coste cero para ella".

"Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para poder realizar un programa informático único en el mercado y a un precio altamente competitivo, pues lo obtuvo sin coste. Y ello por ser su intención, desde un primer momento, desviar la propiedad del producto final, a su propio patrimonio", indica el documento.

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