Anticorrupción defiende ante el Supremo una rebaja de condena para Aldama porque sus declaraciones han permitido "avanzar la investigación"

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha podido dejar fuera de su informe el elefante en la habitación que supone la declaración autoinculpatoria del comisionista Víctor de Aldama, para el que pide siete años de cárcel frente a los 24 que solicita para el exministro José Luis Ábalos y los 19 y medio, del que era su asesor, Koldo García. Según el representante del Ministerio Fiscal, su declaración permitió "avanzar la investigación" y todos los datos aportados han sido corroborados, lo que explica que para él pida una pena muy inferior a la solicitada para los acusados e incluso una rebaja superior.

Esa colaboración fundamental para desentrañar la organización criminal de la que formaban parte los tres acusados (junto con sus respectivos amigos, familiares y funcionarios) "hace, incluso, "posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar, desde luego, la atenuante privilegiada", ha admitido el fiscal jefe, en una alusión muy inferior a la que se había especulado en relación a que él no la rebajaba más por orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, extremo negado desde fuentes próximas al representante del Ministerio Fiscal.

Con ese deje irónico que lo caracteriza, Luzón se ha remitio a "las continuas alegaciones y reproches que la declaración incriminatoria de un imputado", como "una cosa excepcional" se habían producido en la causa, en la que se ha recurrido a la "expresión de ornitorrinco judicial", que ha dicho volver a oír "veinte años después de que la utilizara sin demasiado éxito un abogado que defendía a un secretario de Estado de Seguridad por el uso de los fondos reservados".

Para pasar a defender la "cada vez más sentido necesidad en política criminal para conseguir una prueba de unos delitos cada vez más difícil de ser alcanzada", en la que "es algo asumido que la atenuación de la pena en la cuantía que se considere oportuna para averiguar las conductas y tenemos el 570 quater con la rebaja de la malversación en un grado o dos. Incluso habla de la exención en el Código Penal y que aplica la comisión nacional para aquellas empresas que denuncian un cartel.

Además, aseguró que todo lo afirmado por Aldama, con independencia de lo que ha podido declarar en otros procedimientos, seguidos en la Audiencia Nacional, "no debe ser asumido acríticamente", sino que "debe verse corroborado por otros elementos probatorios y en este juicio se ha visto plenamente corroborado", ha asegurado. Así como ha negado expresamente es que el presidente del Gobierno sea el número 1 de la organización criminal.

Rebaja de pena

La vista comenzó con algo de retraso, porque la acusación popular ejercida en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), cercana al PSOE, ha presentado un escrito mostrando su discrepancia con la postura adoptada por el Partido Popular, que ejerce la dirección letrada, por haber solicitado una rebaja de la pena para el comisionista Víctor de Aldama. A juicio de esta parte, resulta "inadmisible" que el PP "ignorando las opiniones de las demás", haya presentado un escrito propio de conclusiones sin consultar al resto de organizaciones "como si fuera el de todas las acusaciones populares".

Por ello piden al tribunal que lo tenga por no presentado o, subsidiariamente, admita la petición concreta de ADADE, que interesa una condena mayor para Aldama. Para defender esta postura, la abogada Gloria de Pascual se personó en la sala antes de que comenzara la sesión. Sin embargo, el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta, ha dado inicio a la sesión de este miércoles rechazando la posibilidad de esta intervención en cumplimiento de las normas de acumulación de las acusaciones populares que se estableció en su día, lo que motivó que De Pascual expusiera su protesta.

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