El Gobierno y la Generalitat ratifican las infraestructuras prometidas a ERC y la financiación para que haya más mossos

El Gobierno y la Generalitat han ratificado este miércoles, en un triplete de comisiones celebradas en Madrid, el impulso a varios de los acuerdos incluidos en el pacto de presupuestos entre el president Salvador Illa y ERC. Entre las carpetas firmadas, destaca la creación de una sociedad mercantil de inversiones al amparo de un consorcio, la construcción de una línea orbital ferroviaria -con un protocolo para definir fases, calendario e inversiones-, y el cambio de mayorías en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para que las instituciones catalanas tengan un peso mayoritario (un 45% el Estado, por un 40% la Generalitat y un 15% el Ayuntamiento de Barcelona). Estos asuntos se han sellado en la comisión bilateral y en la mixta de transferencias, pero también se ha celebrado la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) para garantizar la financiación necesaria para alcanzar una plantilla de 25.000 Mossos d’Esquadra en el año 2030, como ya se pactó en febrero de 2025.

Se materializa así un acuerdo ya alcanzado, pero se le fija un coste de 70.600 euros por agente que se actualizará cada año en función del IPC. Según el plan de la Generalitat, mediante promociones anuales de 1.587 plazas se garantizará hasta 2030 un flujo constante de nuevos agentes para que la plantilla de los Mossos vaya creciendo progresivamente: 21.020 en 2026, 22.143 en 2027, 23.175 en 2028, 24.142 en 2029 y 25.000 en 2030. "No son humo, sino hechos concretos", ha celebrado el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una rueda de prensa posterior a la cumbre.

Todos estos pactos despejan el camino a la aprobación de las cuentas catalanas apenas un día después de la firma del acuerdo entre el president Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Fuentes de la Generalitat, aun señalando "prudencia", trasladan que ahora esperan cerrar el acuerdo pendiente con los Comuns "en las próximas horas o días".

Más autogobierno

Las delegaciones han sido encabezadas por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Dalmau y la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero. En la cita en el ministerio también han acordado otras medidas que tienen que ver con el refuerzo del traspaso de las competencias en gestión del litoral, la cesión de parte del Edificio Siza, y compromisos para fomentar el catalán en la Administración General del Estado y en el exterior. Sobre esto último, se han conjurado para presentar una propuesta antes de final de año y activar por primera vez la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior con el objetivo de reforzar la colaboración institucional.

Tanto desde el Ejecutivo como desde la Generalitat han coincidido en valorar la colaboración entre ambos gobiernos, que se consolidaría con la tercera bilateral en lo que va de legislatura. "Una nueva etapa de relaciones entre el Gobierno de España y el de Catalunya", ha definido Dalmau junto al titular de Política Territorial. El conseller ha resumido este método para avanzar en acuerdos "trabajando conjuntamente, de forma exigente, pero en colaboración". Torres, por su parte, ha destacado el trabajo previo a este encuentro y el apoyo del Gobierno a un mayor "autogobierno".

El encuentro, en el que se han combinado hasta tres comisiones, incluyendo el máximo órgano de diálogo entre ambos gobiernos creado por el Estatut de 2006, apenas se ha extendido apenas una hora. Los acuerdos llegaban trabajados previamente y pactados, por lo que se ha tratado simplemente de sellarlos.

Aprobación en Consejo de Ministros

La carpeta de las infraestructuras es la que ha recibido un mayor empujón. El nuevo consorcio para paliar el reconocido déficit de inversiones en infraestructuras como las ferroviarias o la AP-7 estará adscrito al Ministerio de Transportes. Se acompañará con la constitución de una Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones. Sobre la línea orbital, se fija la firma este año de un protocolo para posteriormente desarrollarla a través de un convenio de financiación.

El siguiente paso para materializar estos acuerdos será llevarlos al Consejo de Ministros, donde se tendrán que aprobar tanto la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones como el cambio de reglamento para dar más autogobierno a Catalunya en materia de litoral. Para esto último, Torres se ha marcado un plazo máximo de tres meses.

Ambos gobiernos han acordado finalmente poner en marcha un proyecto piloto para crear espacios compartidos de atención ciudadana. El llamado Centro Integral de Atención Ciudadana servirá para resolver en un único espacio trámites relacionados con competencias de ambas administraciones.

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