Begoña Gómez reprocha al juez Peinado la "velocidad de crucero" adoptada para llevarla a juicio y reclama una suspensión

Además de solicitar un aplazamiento de la vista prevista para el próximo 9 de junio, por tener otros compromisos judiciales fijados con anterioridad, la defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha presentado un recurso contra el fondo de la última de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado, que supuso activar los trámites para sentarla en el banquillo por cuatro posibles delitos de corrupción.

La resolución del juez, conocida el pasado martes, consiste en celebrar una vista preliminar para analizar "la procedencia de la apertura del juicio oral", pero dos días después la defensa de la mujer del presidente del Gobierno reprocha al instructor que haya dado al procedimiento del jurado "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático, como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La razón es que aún hay ante la Audiencia Provincial recursos clave sin resolver que, de ser favorables a las tesis de la defensa, supondrían el archivo del caso.

Al incoarse el jurado en dicho auto, según la defensa "se ha privado a las partes de trámites esenciales en el procedimiento del Jurado para poder proponer prueba" lo que obliga a esta parte a reiterar una doctrina contenida en una Circular de la Fiscalía General que señala que el hecho de tener pendiente un recurso que cuestiona la decisión de seguir un procedimiento ante un tribunal popular "implica que no puede haber certeza alguna sobre la legitimidad del cauce procedimental elegido mientras dicho recurso no sea resuelto máxime cuando también esta recurrido el auto de continuación de la causa.

Riesgo de nulidad

Permitir que el procedimiento avance en estas circunstancias supone vulnerar derechos fundamentales y genera el riesgo de que toda la causa pueda ser anulada, advierte la defensa de la mujer de Pedro Sánchez.

El auto del juez se extendía incluso sobre las penas previstas para los delitos que se atribuyen a Begoña Gómez, que son el de tráfico de influencias (que prevé penas de prisión de 6 meses a 2 años) multa y prohibición de acceso a ayudas o contratos públicos; corrupción en los negocios (de 6 meses a 4 años); malversación de caudales públicos (de 6 meses a 3 años) y apropiación indebida (de uno a seis años de cárcel). Delitos que según Peinado, dada su gravedad "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados -- además de Begoña Gómez han sido procesados su asistente en Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés--, tendente a eludir la acción de la Justicia".

A lo largo de su recurso, la defensa también argumenta sus reproches por la negativa del instructor a aceptar pruebas concretas que vienen a intentar neutralizar las acusaciones vertidas por cada uno de estos delitos, como la declaración del codirector de la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Ruano y la admisión de varias periciales de la defensa --sobre las características de la cátedra o el papel de las asistentes a esposas de presidentes de Gobierno-- En este último caso, el abogado de Begoña Gómez considera de especial interés que puedan ratificarse y no llegar simplemente a manos del tribunal del jurado sin haber pasado este trámite.

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