El Gobierno encuadra en la “libertad de expresión” sus críticas a la justicia por los casos que cercan al PSOE

El Gobierno no considera que sea incompatible criticar determinados procesos judiciales que cercan al PSOE con respetar la independencia de la justicia. Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamase al Ejecutivo respeto frente a las descalificaciones vertidas en los últimos días, llegando incluso a deslizar ‘lawfare’ o guerra sucia judicial para derribar a Pedro Sánchez, desde el Gobierno han defendido sus mensajes dentro de la “libertad de expresión”. “Es perfectamente compatible la libertad de expresión y criticar o no compartir determinados fallos con ese respeto” y hasta la “confianza plena en la justicia”, ha defendido la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Desde el Ejecutivo han rebajado el tono de sus ataques, pero justificado su tesis de una "sincronización" entre el poder judicial y el político en lo que respecta al calendario y a los tiempos. “No somos ingenuos cuando vemos determinados hechos que protagoniza el PP”, ha explicado la también ministra de Seguridad Social para sembrar dudas sobre el hecho de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, “públicamente anuncie determinados procedimientos judiciales que solo él parece conocer y que luego se producen, que no respeten la presunción de inocencia o, incluso, que el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid anuncie procedimientos y anuncie condenas como en el caso del fiscal general del Estado”.

Fuentes de Moncloa insisten en que no creen en las “casualidades” y ponen el foco que haya “filtraciones” a la oposición, poniendo como ejemplo que conociesen de antemano los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz el pasado miércoles. En este punto reprochan que Feijóo intente “utilizar atajos” y que se esté cruzando una línea roja.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado este martes su "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales" tras las últimas resoluciones que afectan a personas relacionadas con el PSOE.

Concretamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a asegurar un día después del registro de la UCO en Ferraz que “se quiere derribar a un Gobierno métodos no democráticos”. Por el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, por las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, por la “utilización” política de estas por parte de la oposición. 

Sánchez modula el tono contra la justicia

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también se lanzó a agitar la bandera del ‘lawfare’ como escudo y cuestionó como un “absoluto ‘show’” registros como el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz. El también secretario general de los socialistas canarios tampoco tuvo reparos en asegurar sin ambages que el ‘lawfare’ o guerra sucia judicial “existe”.

El jefe del Ejecutivo moduló estos mensajes el pasado domingo, para centrar sus ataques en la oposición. Durante la clausura del congreso de las Juventudes Socialistas de España se comprometió no solo a no dar "por perdida ninguna batalla", sino a continuar gobernando hasta 2027 pese a las "maniobras" de una oposición que tachó de "marrullera".

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