Los tentáculos extremeños de la trama de Leire Díez: presiones a la UCO e información contra Biedma

La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez tiene una conexión extremeña que gira en torno al caso David Sánchez y que, según las diligencias conocidas, aparece en dos planos muy próximos entre sí. Uno es el policial, con las supuestas indicaciones a mandos de la Guardia Civil para que la UCO se "pusiera de perfil" en procedimientos con afectación política. El otro es el externo, con la declaración de Joaquín Parra, empresario sevillano y expresidente del CD Badajoz, que ha asegurado ante la Guardia Civil que Leire Díez le pidió información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

En ambos casos aparece el caso David Sánchez como núcleo común. En uno, por la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las presuntas indicaciones recibidas por sus mandos. En otro, por los contactos que, siempre según la declaración incorporada a la causa, Leire Díez habría mantenido con Parra para obtener información que pudiera ser utilizada contra la jueza que instruyó el procedimiento en Badajoz.

Punto de partida

El punto de partida de esta conexión extremeña es el procedimiento abierto por la contratación de David Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz en 2017. La jueza Beatriz Biedma instruyó esa causa, que ha llegado a juicio estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz con el hermano del presidente del Gobierno y el entonces presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, entre los acusados.

Según recoge el atestado de la UCO incorporado al sumario que instruye Pedraz, las actuaciones atribuidas a la presunta organización en relación con Biedma son consideradas por los investigadores como un caso "paradigmático", porque permitirían observar cómo los investigados habrían adaptado sus movimientos a las necesidades de cada momento. La Guardia Civil sostiene en esas diligencias que la presunta trama se habría servido especialmente del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada para articular vías con una finalidad común: desestabilizar el procedimiento judicial que afectaba al hermano del presidente.

En las conversaciones intervenidas, siempre según el sumario, Leire Díez llega a señalar que su "prioridad" era "el presidente". Esa frase aparece en el contexto de los contactos que los investigadores relacionan con actuaciones dirigidas contra magistrados que habían intervenido en causas de especial relevancia política, entre ellos la propia Biedma, el juez Juan Carlos Peinado y la magistrada Mercedes Alaya.

El plano policial: la UCO y el "ponerse de perfil"

El primer tentáculo extremeño afecta directamente a la UCO. Según las actas de declaración incorporadas al sumario, el exjefe de la unidad Rafael Yuste ha relatado ante la Guardia Civil que el entonces Director Adjunto Operativo del cuerpo, Manuel Llamas, les habría indicado que debían "ponerse de perfil" en procedimientos judiciales con afectación política y dejar la iniciativa en manos de la autoridad judicial.

Esa supuesta indicación aparece relacionada con una solicitud de la UCO para recabar correos electrónicos vinculados a la investigación sobre David Sánchez. Siempre según el testimonio recogido en las diligencias, en una reunión previa el DAO habría considerado que el oficio de la unidad era "prospectivo" y "malintencionado", y que dañaba la credibilidad de la propia UCO y de la Guardia Civil.

El sumario recoge además que se pidió un organigrama con los oficiales que tenían relación directa con investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno. El jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, también ha declarado, según consta en las diligencias, que se solicitó información nominativa sobre agentes relacionados con esas pesquisas.

Antonio Balas, el mando en el foco

En ese contexto aparece el nombre del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación del caso David Sánchez en la UCO. Según las diligencias conocidas, Balas figura como uno de los mandos sobre los que la presunta trama habría tratado de obtener información que pudiera afectar a su trayectoria.

El atestado no sitúa a Balas como una pieza investigada por esas maniobras, sino al contrario, como uno de los profesionales policiales que la presunta red habría querido condicionar o desacreditar. Según las diligencias, no consta que esas presuntas maniobras alteraran el contenido de los informes incorporados a las causas. Así, la UCO describe movimientos para obtener información, desacreditar o condicionar investigaciones sensibles, pero los documentos conocidos no recogen que esas actuaciones consiguieran modificar el trabajo técnico de los equipos investigadores.

El plano externo: Joaquín Parra y la jueza Biedma

La segunda vía de esa misma conexión extremeña llega a través de Joaquín Parra. El empresario sevillano, conocido en Extremadura por su etapa como presidente del CD Badajoz, ha declarado como testigo ante la Guardia Civil en la causa que investiga Pedraz. Según su testimonio incorporado al sumario, conoció a Leire Díez en 2024 a través del empresario Javier Pérez Dolset.

Parra ha relatado ante la Guardia Civil que Díez se presentó como una persona que podía ayudarle ante las "injusticias" que, según él, estaba sufriendo en el ámbito judicial. En ese marco, siempre según su declaración, la exmilitante socialista le habría pedido que aportara información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la jueza Biedma, instructora del caso David Sánchez.

El empresario también ha situado en ese entorno al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Según el atestado, Parra habría puesto en contacto a Díez con Sáenz de Tejada y ambos habrían coincidido en un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y Viajes', en el que, de acuerdo con las diligencias conocidas, se abordaron cuestiones relacionadas con jueces, fiscales y procedimientos judiciales.

Las causas de hidrocarburos

La declaración de Parra introduce además otro elemento: sus propios procedimientos judiciales. El expresidente del Badajoz ha declarado que las conversaciones con Leire Díez y su entorno se produjeron en un momento en el que el empresario tenía abiertas causas vinculadas al sector de los hidrocarburos. Según su versión ante la Guardia Civil, la ayuda que se le ofrecía estaría relacionada con esos procesos.

En esa misma testifical, Parra ha afirmado que Díez y Pérez Dolset le pidieron documentación sobre sus causas. También ha declarado que le preguntaron por Antonio Balas y que le trasladaron la posibilidad de actuar contra otros nombres vinculados a investigaciones judiciales o policiales.

Según el atestado, Parra sostiene que no aceptó las condiciones que se le plantearon y que no llegó a ejecutar las peticiones atribuidas a Díez o a Pérez Dolset. La Guardia Civil recoge esa declaración como parte de la investigación, sin que de ella pueda extraerse, más allá de lo que consta en las diligencias, una conclusión judicial definitiva sobre el alcance real de esos contactos.

Una presunta red contra jueces, fiscales y mandos

Las ramificaciones extremeñas se integran en la hipótesis general que maneja la UCO en el sumario: la existencia de una presunta red orientada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales. En las diligencias aparecen referencias a magistrados como Beatriz Biedma, Juan Carlos Peinado o Mercedes Alaya, así como a fiscales como Ignacio Stampa y José Grinda.

Leire Díez pregunta por Antonio Balas

Según los investigadores, Leire Díez habría empleado en distintas conversaciones la idea de "limpiar" instituciones. Esa expresión, recogida en grabaciones y actas incorporadas a la causa, aparece asociada al propósito que la Guardia Civil atribuye a la presunta trama: actuar contra responsables judiciales o policiales que intervenían en procedimientos incómodos para el PSOE o para el entorno del Gobierno.

En el caso extremeño, esa hipótesis se concreta en varios puntos: "ponerse de perfil" la causa de David Sánchez en Badajoz, el interés por la jueza Beatriz Biedma y el intento, siempre según las diligencias, de obtener información sobre el teniente coronel Antonio Balas. A ello se suma la presencia de Joaquín Parra como testigo que ha relatado contactos con Díez y con otros investigados.

El matiz de los agentes en Badajoz

Los agentes de la UCO que analizaron los correos en el caso David Sánchez han declarado en Badajoz que ellos no recibieron presiones directas en su trabajo técnico. Esa aparente contradicción admite una lectura prudente a la vista de las diligencias conocidas: que las presuntas presiones o indicaciones descritas en el sumario no llegaran necesariamente a los agentes que trabajaban sobre los correos, sino que quedaran contenidas en otros niveles superiores de la unidad. En ese punto aparece la figura de Antonio Balas, responsable de la investigación del caso David Sánchez en la UCO y citado en el sumario como uno de los mandos a los que la presunta trama habría tratado de desacreditar..

En este sentido, cabe recordar la frase pronunciada en los audios que han salido a la luz, cuando Leire Díez dijo: "No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas".