El Gobierno intenta atenuar el aumento del gasto público con subidas de impuestos que impactan con fuerza en particulares e inversores y elevan la presión sobre las rentas del ahorro

El menú de impuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye no sólo alzas del IRPF de dos puntos para rentas de más de 130.000 euros y de cuatro para aquellas por encima de los 300.000 euros, sino que entre otras iniciativas contempla un incremento del tipo de gravamen para los contribuyentes con capacidad para invertir en bolsa o productos de ahorro, junto con la eliminación de la desgravación fiscal de las aportaciones a los planes de pensiones. En este escenario de revolución fiscal, los inversores se verían afectados por la implantación de la tasa a las transacciones financieras (llamada tasa Tobin), que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de empresas cotizadas ejecutadas a través de operantes del sector financiero. Las compañías sometidas a tributación serán las que tengan un valor en bolsa de más de 1.000 millones de euros. Quedarían fuera las pymes, deuda, salidas al mercado de valores, derivados o bonos convertibles en acciones.

La hoja de ruta de Sánchez también incluye modificar la operativa y la fiscalidad de algunos vehículos de inversión. Un ejemplo es su negativa a que los fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés) tributen como el resto de los fondos de inversión y sigan funcionando como acciones, es decir que los clientes paguen a Hacienda cada vez que vendan. En este escenario, se prevén cambios en la regulación tanto de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicavs), como de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). Concretamente, el Ejecutivo podría introducir variaciones en el número mínimo de accionistas y en la tributación de las Sicavs, que pasarían a estar controladas por el Ministerio de Hacienda. El plan es fijar una participación máxima para que ningún accionista pueda tener una mayoría que le permita manejar las inversiones, realidad que podría desanimar a los grandes ahorradores. En este tipo de productos hay invertidos en España más de 30.700 millones de euros. Por otro lado, está sobre la mesa modificar las exigencias fiscales de las Socimis, cuya actividad principal es el alquiler y venta de inmuebles, que en la actualidad están obligadas a pagar en dividendos el 80% de sus beneficios y a abonar un impuesto con un tipo impositivo de entre el 19% y el 21% sobre estas ganancias. No quedan fuera de la revolución fiscal los seguros de vida Unit Linked, que pasarán a tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio. Hasta ahora eran declarados en este apartado por los tomadores de las pólizas siempre que al suscribirlas no se estipulara un valor de rescate. La variación de Sánchez se produce en un momento en el que estos productos vuelven a ser interesantes dentro de un contexto de bajos tipos de interés. Además, la venta de Unit Linked se ha considerado una posible salida para el sector asegurador y muchas compañías están potenciando su comercialización ya que el tomador asume cierta parte del riesgo con el fin de mejorar sus rentabilidades.

También está en la recámara el impuesto sobre las primas de seguros, que ahora grava con un 6%, porcentaje que podría subir al 9% cuando el riesgo esté localizado en España. Afectaría a los seguros de coche, hogar, defensa jurídica o responsabilidad civil y quedarían exentos los de asistencia sanitaria, enfermedad, crédito y caución, previsión y pensiones, agrarios, de vida sin garantías complementarias, transporte internacional y reaseguro.

Los cambios que prepara el gobierno.

1. ALZAS DEL IRPF

El Gobierno quiere elevar dos puntos el IRPF para las rentas de más de 130.000 euros y cuatro para las de más de 300.000 euros. También está sobre la mesa aumentar la carga fiscal de los contribuyentes que invierten en bolsa y gravar más a los planes de pensiones.

2. TASA TOBIN

Tasa a las transacciones financieras, que gravaría con un 0,2% las operaciones de compra de acciones cotizadas ejecutadas a través de agentes del sector financiero. Solo afectarían a las empresas que tengan un valor en bolsa de más de 1.000 millones de euros.

3. SEGUROS ‘UNIT LINKED’

Estos productos pasarán a tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que afectará a muchos inversores, ya que las aseguradoras han potenciado la comercialización de estos seguros de vida porque el tomador asume cierta parte del riesgo para mejorar sus rentabilidades.