El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de la ONU para el período 2020-2030, que se refiere al Trabajo decente y el crecimiento económico, se creó con la premisa de encontrar soluciones a una de las lacras que azota al mercado laboral de gran parte del mundo. Según la Organización Mundial del Trabajo (OIT) hay 172 millones de personas en situación de desempleo; es decir, el 5 % de la población. Y afecta sobre todo a jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social. España, la Comunitat Valenciana en particular, aunque la situación ha mejorado desde la grave recesión económica de 2008, no escapa de los problemas estructurales, de las desigualdades y de elevados niveles de pobreza. De estos asuntos hablaron esta semana, reunidos en la sede del periódico Levante-EMV, altos cargos de la Generalitat, dirigentes sindicales y patronales, profesores universitarios y de organizaciones sociales, jornada patrocinada por Facsa y Caixa Popular.

La directora general de Empleo y Formación, Rocío Briones, considera que la administración pública autonómica, dentro de sus limitaciones en materia laboral, «vigila de cerca el cumplimiento» del citado punto número 8 de ODS y trata de «impulsar espacios de oportunidad» a través de sus políticas activas de empleo. En su opinión, «el reto es la formación profesional y tendremos que abordar el debate sobre la empleabilidad, el tiempo de trabajo o las rentas básicas». Briones reconoce la preocupación del Consell por los 360.000 parados registrados en las oficinas de Labora de la Comunitat Valenciana, de los que un 75 % tienen una formación igual o inferior a la ESO. Briones también aboga por abordar la brecha digital.

En su opinión, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de empleo decente y crecimiento económico requiere «diálogo social». Afirma que «hay mucho por cambiar» a pesar de las mejoras del mercado laboral.

Cambios necesarios

El profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de València Adrián Todolí considera que «desarrollo sostenible y trabajo son compatibles, si bien es necesario que existan reglas y que estas se cumplan». Piensa, al igual que los sindicatos, que la reforma laboral de 2012, decretada por el otrora gobierno del PP conllevó una «desregulación del mercado de trabajo, incrementó la precariedad y provocó un repunte de la conflictividad». Esa reforma laboral también ha frenado una estructura de «convenios colectivos fuertes y amplios». Todolí afirma en que la economía «no puede competir con base en bajos precios porque siempre estará China u otro país que nos supere en costes. Lo importante es tener cualificación, innovación y tecnologías. Y eso implica invertir más en formación. Los rendimientos se verán a largo plazo», puntualiza.

Para el secretario general de CCOO-PV, Arturo León, el ODS número 8 «es el que permite que se puedan cumplir los diecisiete que pretende la Organización de las Naciones Unidas». León destaca que la «globalización de la economía no ha conllevado una globalización de los derechos» y apuesta por una «regulación europea» en el ámbito del trabajo para revertir una situación que acentúa desigualdades. Somos campeones de la temporalidad, del trabajo sumergido, de las plataformas de falsos autónomos o de los contratos indefinidos que son rescindidos antes de un año. Urge una reforma estructural de forma razonable», indica el dirigente de Comisiones. Arturo León explica además que un modelo de trabajo decente pasa por «salarios dignos y plantillas motivadas».

Responsabilidad sindical

Según Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, «es compatible el crecimiento económico y el trabajo decente, si bien partimos de una reforma laboral que se ha limitado a reducir costes y aumentar la precariedad. Con ese modelo no podemos ir a ninguna parte», lamenta el máximo responsable de la central ugetista. «Hay que apostar por innovar para mejorar la productividad. La fiscalidad no genera pobreza, pues sirve para generar bienestar social», agrega. También aboga por conseguir un salario mínimo interprofesional de ámbito europeo, que estará en función de la renta de cada Estado. Y quiere «combatir la falacia de que es preferir un trabajo a no tenerlo. Eso -dice- es una idea a combatir porque el grado de indecencia y de precariedad en el mundo puede ser muy alto aunque se trabaje».

Respecto a la situación económica mundial, Sáez afirma que «los chinos han competido en factor trabajo hasta ahora, pero han invertido el modelo y ya lo hacen en tecnología. Eso se ve en el debate en la «batalla comercial», entre Estados Unidos y China».

Según la presidenta provincial del CSIF de València, Paula Breñas, «los sindicatos tenemos responsabilidad en la tarea de conseguir trabajo decente», al que prefiere llamar «digno». Breñas destaca el papel de los agentes sociales en en la negociación colectiva y también critica la reforma laboral de 2012 «porque no fue negociada» con empresarios y sindicatos. «El trabajo debe estar bien remunerado», destaca Breñas tras defender la necesidad de «proteger a colectivos vulnerables en el mercado de trabajo como jóvenes y mujeres». Además, piensa que «ya es hora» de contabilizar el trabajo no productivo de las mujeres en tareas del hogar.

Agentes sociales

Desde el punto de vista patronal, el secretario general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Miguel Ángel Javaloyes, defiende que hablar de empleo decente y crecimiento económico ofrece «signos de madurez en las relaciones laborales entre patronal y sindicatos». En ese sentido, el dirigente patronal subraya la próxima puesta en marcha del Observatorio del Trabajo Decente, una iniciativa de sindicatos y patronal y que el Govern del Botànic podría anunciar a principios de 2020. Javaloyes reconoce que diversificación, tecnología e innovación son claves para el desarrollo sostenible. «Me preocupa que el 82 % de los los 360.000 parados de la Comunitat Valenciana tenga más de 30 años o que el 54 % de los desempleados, sean de larga duración», matiza Javaloyes. Respecto a la propuesta de crear un salario mínimo internacional y convenios de ámbito europeo el secretario general de la CEV explica que es «complejo dada la situación económica» de los diferentes países de la UE». Javaloyes critica que España tenga el récord en número de leyes orgánicas en materia de educación.

Derechos sociales

El vicepresidente de la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta), José Campos, valora el papel de estas firmas de la economía social en la generación de empleo, «incluidos los tiempos de crisis». Estas fórmulas asociativas representan 279 millones de empleo en todo el mundo, lo que supone el 10 % del total. Campos afirma que en las cooperativas «lo importante son las personas» y estas quieren «mejorar las condiciones de los trabajadores. No sabemos lo que es la brecha salarial en las cooperativas de trabajo asociado porque no existe. Además, un 34% están en tareas de dirección y más de las mitad del personal son mujeres», aclara.

También Ofelia Vila, de la Fundación Pau i Solidaritat, apuesta por «crear empleo de calidad y con derechos» para que realmente tengamos «trabajos decentes en la sociedad». En ese sentido, apunta el diálogo permanente entre patronales y sindicatos. También destaca que el «trabajo decente» debe conllevar «la protección social y luchar contra la discriminación que se ha acelerado con la globalización de la economía». En ese sentido, lamenta la «deslocalización salvaje de algunas tareas de producción en busca de menores costes laborales y la explotación de menores y mujeres en muchas partes del mundo». En su opinión, «tenemos muchas anomalías en el mundo del trabajo» y urge a aumentar, por ejemplo, la participación de los hombres en profesiones vinculadas con el cuidado o la atención social, hasta ahora ocupados sobre todo por mujeres.

Oportunidades

La coordinadora del Área de Empleo de la Fundación Asindown, Teresa Miedes, cuenta que «el empleo es fundamental para integrar en la sociedad a personas con discapacidades». Reconoce que su futuro pasa por una «mayor sensibilización de las empresas, que son las generan puestos de trabajo y requieren previamente un largo período de formación». Asindown ya ha conseguido colocar a un centenar de personas en el mundo del trabajo de la Comunitat . «Lo que cuesta es mantener esos puestos. El coste económico es elevado, los niveles de productividad, lógicamente, no son los mismos y los planes de apoyo de las administraciones públicas son claves. El reto es conseguir contratos de larga duración», concluye Teresa Miedes.