El fin de la pobreza extrema. Esa es la prioridad, el objetivo número uno, la primera meta a alcanzar. En 2015, los Jefes de Estado se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para pactar un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El primer ODS es «erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema» de aquí a 2030. Porque hay penuria en el tercer mundo, pero también en los países desarrollados. Porque hay necesidades a miles de kilómetros de la Comunitat Valenciana, pero también las hay en la acera de enfrente o en la puerta de al lado. Y porque la pobreza es el gran desafío al que se enfrenta la humanidad con 736 millones de personas que viven en extrema escasez, una cifra que aumentará por primera vez en veinte años por la pandemia de la covid-19 .
Con el objetivo de reflexionar sobre qué medidas se deben adoptar (a título individual, colectivo e institucional) para erradicar la pobreza en el mundo, Levante-EMV reunió el pasado miércoles a seis ponentes con la colaboración de Caixa Popular, la Autoridad Portuaria de València (APV) y Facsa dentro de su programa de debate y difusión de los ODS de Naciones Unidas. La mesa redonda contó con la presencia de la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia; el presidente de aPORTem Puerto Solidario Valencia, Francisco Prado; la presidenta de la asociación Juntos por la Vida, Clara Arnal; el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles; el responsable del área de Economía Solidaria de Cáritas, José Antonio Manuel; y la representante de la Plataforma Pobreza Cero, Maite Puertes. El director general de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, Julio Monreal, moderó el encuentro.
El debate comenzó con la intervención de la secretaria autonómica Irene Gavidia, quien apeló a la «corresponsabilidad» entre las Administraciones y una sociedad civil «implicada» para que se reme «en una misma dirección desde todos los estratos». Como alto cargo del Consell, Gavidia puso en valor la «herramienta» creada por el Botànic para «trabajar» en la erradicación de la pobreza: la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). «La RVI ya llega a más de 55.000 beneficiarios -10.000 de ellos incorporados al sistema durante la pandemia- y que supone un cambio de paradigma al pasar del asistencialismo a una garantía de derechos».
La representante de la Plataforma Pobreza Cero, Maite Puertes, aseguró en su intervención que la pobreza es un «problema global» que precisa de medidas «con amplitud de miras» ante el riesgo de que la sociedad se repliegue «hacia los discursos de odio». «La sociedad civil debe exigir implicación y actuación a los gobernantes y a las empresas. La tasa google, la tasa covid... son medidas que llevamos años planteando. Propondría un test para ver si somos inmunes a la indiferencia o damos positivo en valores», explicó. Ante la posibilidad de plantear la erradicación de la miseria extrema como una quimera, Puertes dio la cifra clave: «Solo con destinar el 0,14 % del PIB mundial se podría poner fin a la pobreza extrema». Un 0,1 % muy alejado del ansiado 0,7 % que se ha reducido tras años de lucha.
Para el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles, la pobreza «es una realidad, en el mundo y en la Comunitat Valenciana y sí, se hereda, pero de la pobreza también se puede salir». Tras enumerar los proyectos que lleva a cabo la entidad y agradecer el aumento de «socios, donaciones, aportaciones de empresas y voluntarios», Miralles destacó el aumento de usuarios de perfiles distintos, aunque destacó que quienes más sufren la crisis «son las mujeres y los migrantes».
La asociación aPORTem es una entidad vinculada al ámbito local que trabaja en la ayuda y atención a las personas más vulnerables que viven en el área de influencia del Puerto de València, ya que «entendemos que las empresas deben tener responsabilidad con su entorno». El presidente de aPORTem, Francisco Prado, defendió una «responsabilidad social corporativa» y aseguró que «solo la buena voluntad de ayudar no es suficiente», pues «hay quien tiene buena voluntad pero una mala gestión». «Las empresas tienen una responsabilidad multiplicada y nosotros trabajamos a través de la formación, es decir, con los colegios como nexo de unión. Los centros educativos son los que nos marcan las necesidades y la gente confía en nosotros porque tenemos buena voluntad y buena gestión», explicó.
Quien también trabaja con empresas es el responsable del área Economía Solidaria de Cáritas, José Antonio Manuel, que puso el foco en el empleo. «La crisis del 2008 generó una sociedad frágil e insegura centrada en la precariedad laboral de contratos temporales que se ha ido al traste con la pandemia. En Cáritas, 15.000 personas han llamado a la puerta por no poder llegar a fin de mes a pesar de tener trabajo o por estar en ERTE o por carecer de ingresos de economía sumergida». Por ello, reivindicó un modelo económico «que ponga en el centro a la persona».
La asociación Juntos por la Vida se ha reinventado en pandemia. Y es que la entidad, con el trabajo centrado en la ayuda internacional, ha girado al mirada hacia lo más cercano sin descuidar los proyectos que llevan a cabo a miles de kilómetros.
«A veces nos han dicho que por qué nos íbamos a ayudar a África cuando aquí había tanta necesidad. Pues esta pandemia nos hemos reconvertido, y gracias a 50 voluntarios hemos atendido a unas 400 personas, y sí, la pobreza tiene rostro y nombre de mujer», explicó la presidenta de Juntos por la Vida, Clara Arnal, tras recalcar la «vergüenza» que sienten quienes nada tienen.
Arnal, además, destacó el término de aporofobia (odio al pobre) como el principal motivo de rechazo a la inmigración. «En África, la pobreza es diferente porque lo es todo. Aquí no, pero allí un niño puede morir por la picadura de un mosquito. Y al final, sus padres huyen y mueren en el Mediterráneo. Y la solución no es la caridad, que sí es necesaria en tiempos de emergencias, sino la educación. Aquí y allí. Con la justicia social y la igualdad de oportunidades se podría erradicar la pobreza».
Las entidades sociales presentes en el debate tramitan la documentación y las ayudas a los usuarios que atienden. Por eso, recalcaron la «importancia» de «agilizar la burocracia», ya que «los trámites son demasiado lentos para ayudas que son urgentes». «Y lo mismo ocurre con el nivel de burocratización al que estamos sometidas las entidades para optar a las líneas de subvención», apostilló la representante de la Plataforma Pobreza Cero.
Además, las entidades pusieron el foco en que prestaciones como la RVI o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llegan a colectivos vulnerables como el de los migrantes ya que carecer de cuenta bancaria, de padrón o disponer solo de pasaporte impide el acceso a las ayudas. La secretaria autonómica, Irene Gavidia, destacó los cambios en la administración «para agilizar los trámites» ante «un sistema burocrático lento y heredado que intentamos resolver», además de resaltar la coordinación con Hacienda para «que las ayudas lleguen a quienes más las precisan». Gavidia también reivindicó el incremento de las partidas para la RVI y otras prestaciones.
El empleo y la vivienda también centraron gran parte del debate. El presidente de Casa Caridad, Luis Miralles, puso un claro ejemplo: «A la semana de decretar el estado de alarma, de 90 contratos de trabajo que nos había costado tanto conseguir solo se mantenían 10». Clara Arnal, de Juntos por la Vida, puso el foco en las mujeres que trabajan de forma precaria e irregular en el sector del hogar y cuidados, pues «la desigualdad sigue creciendo».
El debate concluyó con un mensaje común de todos los participantes en el que instaron a la ciudadanía a tomar parte en la erradicación de la pobreza con acciones sencillas como «ayudar al prójimo más cercano» o un «consumo responsable que nos haga tomar conciencia y justicia social».
Eliminar la miseria es el principal desafío en 2030
Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. A nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de 1,90 dólares al día (2015) y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de miseria es desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que comenzamos y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones para 2030. Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima.
