Las Naciones Unidas están focalizadas, desde hace casi un lustro, en lograr una serie de mejoras a nivel mundial para su agenda 2030. Estas mejoras se organizan en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y tienen, como eje vertebrador, alcanzar un nivel de vida óptimo para todas las personas del mundo.

En este punto, el objetivo número 16, que hace referencia a la «Paz, justicia e instituciones sólidas», pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Este es, por lo tanto, un objetivo clave para la consecución final del resto de ODS, según aseguran las propias Naciones Unidas.

Seguridad global

En una sociedad avanzada, plural y democrática, es imprescindible que todas las personas puedan sentirse seguras durante su vida y no teman por ningún tipo de violencia, independientemente de su género, origen étnico, religión u orientación sexual.

Sin embargo, los delitos que amenazan los cimientos de las sociedades pacíficas (homicidios, trata, delincuencia organizada, corrupción o leyes y prácticas discriminatorias) afectan a todos los países del mundo, incluso a las democracias más consolidadas.

A pesar de que los casos de homicidios y trata de personas han progresado en la última década, estos todavía afectan a miles de personas en países de América Latina, África subsahariana y Asia.

Unas 464.000 personas en todo el mundo fueron víctimas de homicidio en 2017, superando con creces las 89.000 que murieron en conflictos armados en el mismo período de tiempo, según el Estudio mundial sobre el homicidio 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Por su parte, el Informe Global sobre Trata de Personas 2018 de Unodc alarma de la gravedad que está adquiriendo la trata de personas en zonas en conflicto, principalmente. El estudio analiza un total de 24.000 casos documentados en 142 países (entre 2014 y 2016), aunque se estima que la cifra real es mucho mayor, ya que muchas de las víctimas no son detectadas y no todos los países cuentan con los mecanismos adecuados para perseguir este delito.

Instituciones sólidas

Para lograr todo ello, las Naciones Unidas han identificado como el punto de partida la creación de unas instituciones públicas, eficaces e inclusivas, que puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio ambiente.

En este sentido, la ONU también resalta la necesidad de establecer reglamentaciones más eficaces y transparentes, además de presupuestos gubernamentales integrales y realistas.

El primer paso para llegar a ello debería ser la implementación de un registro mundial de nacimientos, puesto que se ha registrado el nacimiento del 73 % de los niños menores de 5 años -solo el 46 % del África subsahariana ha registrado su nacimiento-, y la creación de instituciones nacionales de derechos humanos más independientes en todo el mundo.

Además, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen conjuntamente y pongan en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan la corrupción y garanticen la participación inclusiva.

El alto coste del inmovilismo

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a violencia armada y la inseguridad afectan al desarrollo de los países, su crecimiento económico y la calidad de vida de las personas. La violencia es una herramienta que contribuye a destruir el progreso y debilitar la inclusión social.

Además, las instituciones que no funcionan con arreglo a la ley son propensas a la arbitrariedad y el abuso de poder, lo que conlleva una menor capacidad para prestar servicios públicos.

Por lo tanto, construir sociedades pacíficas y justas es responsabilidad de todos y todas.