La historia reciente de la Comunitat Valenciana es también la historia de sus casos de corrupción. Escándados vinculados a instituciones y cargos públicos que eclosionaron en un mismo periodo de tiempo y que salpicaron la imagen de una tierra que reforzó su arquitectura institucional para frenar una situación con «trazos de corrupción sistémica». Avances que, no obstante, no suponen una vacuna definitiva porque la corrupción es poliédrica y deja poco rastro, por lo que hay que estar «alerta».
A esta y otras conclusiones se llegó el pasado viernes durante el desayuno informativo celebrado en el Club Diario Levante en el marco de los encuentros que organiza este diario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU y que patrocinan la Autoridad Porturaria de València, Facsa y Caixa Popular y que en esta ocasión contó con la colaboración de la Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València. La cita giró en torno al objetivo 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y en el que la lucha contra la corrupción es clave. Para debatir sobre este asunto, Levante-EMV reunió al presidente de las Corts, Enric Morera; el magistrado Joaquim Bosch; la concejala de Transparencia de València, Elisa Valía; la vicepresidenta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de València, Ylenia Díaz; la diputada autonómica y secretaria provincial delPSPV, Mercedes Caballero; y la directora de servicios jurídicos de la Agencia Valenciana Antifraude, Teresa Clemente. Fue una puesta en común sobre las claves para luchar contra la corrupción con muchos puntos de acuerdo, pero también con discrepancias puntuales. Una reflexión en la vispera de que hoy miércoles se celebre el día internacional contra la corrupción.
Moderados por el periodista de Levante-EMV Julio Monreal, el primero en abrir fuego fue el presidente de las Corts, Enric Morera, quien puso en valor el trabajo del Gobierno del Botànic para desplegar «medidas legislativas y una arquitectura institucional» para combatir «la corrupción endémica». Morera habló de «un antes y un después» en este terreno e hizo un repaso sobre las medidas adoptadas, entre ellas la propia creación de una Conselleria de Transparencia: «Es fundamental dar ejemplo, invertir en la confianza en las instituciones y en la decencia de los gobernantes porque sólo así se puede caminar hacia una sociedad justa», apuntó Morera.
El magistrado Joaquim Bosch, portavoz territorial de Jueces para la Democracia, reconoció que «se ha hecho un esfuerzo importante» para contar con sistemas sólidos desde elpunto de vista legislativo e institucional, si bien advirtió de que todavía «existen carencias en materia institucional». Citó debilidades relacionadas con la contratación pública o con un sistema legal incapaz de luchar contra las tramas de corrupción o de castigarlas de forma efectiva, así como «mentalidades políticas» que negaban el fenómeno. «La corrupción es muy difícil de detectar y perseguir porque deja poco rastro», indicó. Bosch explicó que la corrupción genera tres daños: el dinero público que se detrae, la ruptura con las reglas del juego democrático y el descrédito de las instituciones. Y concluyó que en la Comunitat hubo en el ámbito de los gobiernos del PP «trazos de corrupción sistémica». «No era un fenómeno puntual, formaba parte del sistema, era un modus operandi», señaló el juez. Para Bosch, la mejor medicina preventiva es el desarrollo institucional, donde aún hay carencias. Apuntó a la «injerencia partidista en la cúpula judicial» y abogó por reforzar la separación de poderes y la transparencia «porque sólo así la corrupción tendrá muy difícil entrar», alertó.
La forma de elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial genera discrepancias
La mención a la forma de elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial dio pie a un debate con la responsable municipal de Transparencia, para quien, esta idea de la separación de poderes, puede acabar «instalando la idea de que elegir a los representantes de la cúpula judicial desde el poder legislativo es algo malo». «Para mí esto es control, que evita la endogamia entre jueces», apuntó. Una afirmación que encontró la réplica de Bosch, quien abogó por un sistema mixto de elección y puso en duda que la lógica parlamentaria sea garantía de la independencia judicial ya que incluso puede operar en sentido contrario. «Si un partido elige a un juez, éste no tiene por qué acabar siendo corrupto, porque será responsable de sus actos», defendió Valía.
Al margen de esta controversia, la concejala Valía puso el énfasis en la importancia de generar una cultura de la transparecia en dos direcciones: para que la ciudadanía conozca los mecanismos y perciba que sirven para algo y para cambiar la mentalidad del funcionariado y que este no conciba todo lo relacionado con la transparenica como una carga extra. «Ahora que hemos dignificado las instituciones debemos trasladar al día a día la cultura de la transparencia», sostuvo.
La alusión al trabajo del funcionariado como pieza fundamental para luchar contra la corrupción dio pie a que Ylenia Díaz reivindicara el trabajo de los habilitados nacionales (a quienes Cosital representa) en su tarea de fiscalizar, pero también para denunciar la vulnerabilidad a la que están expuestos. «Pese a ser funcionarios estatales nuestras retribuciones, medios materiales, humanos e incluso nuestra permanencia en el puesto dependende las personas a las que fiscalizamos», se lamentó. Diaz indicó que este personal no es «personal del no». «Somos personas cada vez más formadas», indicó, y reivindicó que pueden ser agentes claves para concienciar de la importancia de que una administración íntegra es lo más importante porque «la corrupción no sólo supone un menoscabo para las arcas públicas, sino que la buena gestion permite ahorros». La portavoz de Cosital, secretaria del Ayuntamiento de Riba-roja, puso como ejemplo la experiencia de transparencia en este municipio, con retransmisión de las reuniones de contratación y otros usos de gobierno abierto.
La vulnerabilidad del funcionariado local, el papel de la política y los organismos de control dinamizaron el debate
Mercedes Caballero, por su parte, defendió el camino recorrido frente a épocas del pasado como cuando, en su etapa de concejala en la oposición en el Ayuntamiento de València con Rita Barberá al frente, tuvo que pelear para que los plenos se retransmitieran. por la televisión municipal. Durante su intervención, reivindicó el papel de la política ya que «todos los sistemas imperfectos deben cambiarse desde la política». «Hemos pasado de ser todos corruptos, a ser todos presuntamente inocentes y esto es un avance», indicó, pero advirtió que hay que luchar contra la devaluación de la política y sus representantes: «El PSOE se dejó parte de su patrimonio en denunciar al PPy la corrupción», recordó. «Me da pena porque hay mucho político honrado», apostilló después la conceja de Transparencia en la línea de destacar la política como agente transformador.
«Desde la Agencia Antifraude creemos que la arquitectura normativa es imprescindible, pero también lo es estar alerta porque el riesgo de la corrupción siempre está ahí». Fue la reflexión de Teresa Clemente, quien reivindicó el papel de la agencia, una de las más avanzadas de España, porque combina la investigación de denuncias con la prevención. Después de tres años en funcionamiento, Clemente admitió que «no es fácil caminar en un terreno como éste» y destacó, entre otras medidas, el canal de denuncias y el estatuto de protección al denunciante para arropar a quienes en ocasiones «atraviesan un via crucis» cuando deciden denunciar. La responsable jurídica hizo también una advertencia para los tiempos que corren: «Los controles no puen relajarse en pandemia», señaló.
Durante el debate también hubo tiempo para la autocrítica por las dificultades de la administración electrónica que, en ocasiones, generan opacidad. El dilema entre confidencialidad en los datos personales y transparencia fue también otro de los asuntos abordados, como punto de controversia social.
El reto de una sociedad justa y libre de fraude
Los conflictos bélicos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible y para alcanzar el objetivo de una sociedad justa, pacífica e inclusiva. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 recoge, como pilar fundamental para este reto, contar con instituciones sólidas que hagan frente a la corrupción. Un mal que afecta a todas las instituciones, pero especialmente a la judicial y a la policía, según datos de Naciones Unidas. El soborno, las corruptelas o la evasión de impuestos quiebran la credibilidad en las instituciones, pero también generan graves perjuicios económicos: 1, 26 billones de euros al año a los países en desarrollo, un dinero que podría destinarse a ayudar a los más desfavorecidos. Naciones Unidas tiene como metas del objetivo 16 reducir «considerablemente» la corrupción y los sobornos, así como consolidar instituciones donde operen mecanismos de transparencia, que garanicen el derecho a participar en las políticas públicas y permitan la evaluación de éstas.
