Más de 4.300 mujeres han solicitado una orden de protección en la Comunitat Valenciana este año, resoluciones judiciales que tienen como objetivo «consagrar el estatuto de protección integral» de las víctimas de la violencia de género y que contemplan, para este fin, medidas cautelares penales, civiles y de asistencia social, como órdenes de alejamiento, atribuciones de uso de viviendas o la incomunicación obligada entre víctima y agresor, entre otras.

El volumen es elevado, pues el número de solicitudes se fija en 34.741 a nivel nacional. No obstante, a seis semanas de que finalice 2020, tan solo 12.291 han sido aprobadas frente a las más de 17.000 que todavía están incoadas, las casi 5.000 que se han denegado o las 121 que no han sido admitidas. Una realidad que se enmarca en un contexto condicionado por el aumento del 55 % de usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para las víctimas de violencia de género (Atenpro) en tan solo un año, pasando de 6.774 en 2019 a las 14.774 actuales, de las cuales cerca de 4.000 son valencianas. Para acceder a este servicio se deben cumplir dos requisitos básicos: participar en los programas de atención especializada de cada territorio autonómico y, además, no convivir con el agresor.

Un impositivo que también se precisa en la concesión de rentas activas de inserción (RAI). Son, precisamente, las ayudas económicas una de las estrategias más importantes en el abordaje efectivo de la violencia machista, pues ser sujeto de derecho no implica necesariamente libertad para las mujeres. En este sentido, Sara Berbel, psicóloga social y experta en liderazgo femenino, afirmó en su ensayo «Libertad frente a igualdad: un falso debate» que «en situación de pobreza no hay espacio para la libertad».

Así, términos como pobreza feminizada, libertad económica o emancipación adquieren un matiz significativo al asumir la violencia económica no solo como una forma de opresión sobre las mujeres, sino como la más legitimada. Una que genera un vínculo de dependencia y que inhibe a las mujeres de la capacidad de abandonar relaciones tóxicas en las que reciben malos tratos.

Además, entidades feministas alertan de que esta pobreza estructural también legitima «contratos sociales que conciben la idea de propiedad de la persona» y que se traducen en acciones como la prostitución, la pornografía o la gestación subrogada. Pese a estos condicionantes, la cifra de perceptoras del Programa RAI se ha equiparado este año al índice de 2010, cuando se concedieron 25.512 rentas frente a las 25.288 actuales, lejos de las 34.695 que se aprobaron en el año 2015. Un hecho que podría atribuirse, según señala la promotora de Igualdad Silvia Valle, a las condiciones de concesión de la renta.

«No puedes vivir con el agresor, pero tampoco te ofrecen recursos habitacionales. Tienes que alquilar una vivienda con un importe insuficiente —la RAI está fijada en 430 euros en la Comunitat Valenciana—, por lo que las mujeres necesitan buscar un empleo. Al obtenerlo, dejan de percibir esta renta, lo que fomenta la economía sumergida y mantiene el status quo de la pobreza», denuncia. No obstante, en términos autonómicos el balance es alentador, pues la Comunitat Valenciana es el segundo territorio estatal que más RAI concede, 15,7 % del total.

SEÑALES DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA



  • Impedir el traslado a los puestos de trabajo mediante la coacción o el sabotaje


  • Obligación a participar en actividades económicas y fiscales fraudulentas


  • Evitar el pago de pensiones alimenticias y cuotas de manutención


  • Ocultar información sobre bienes inmuebles o ingresos


  • Forzar trabajos en ámbitos familiares sin remuneración económica


  • Exclusión en la toma de decisiones económicas


  • Prohibición de acceso y gestión de cuentas bancarias


  • Influir y limitar los gastos


  • Robo de bienes, como joyas, propiedades o dinero


  • Control de los gastos y la economía


  • Prohibición del desarrollo de actividades profesionales