El «tendido de puentes» entre la Interagrupación de Fallas y los altos cargos de la Junta Central Fallera reunidos hasta la madrugada acabó teniendo también una dosis de partida de ajedrez. En esencia, lo que ha quedado claro es que el proceso de normalización de relaciones entre la asamblea y la concejalía ha empezado, pero que queda condicionada al refrendo de los presidentes en la «asamblea de cargos electos» del próximo jueves y a que no se produzcan acontecimientos que puedan desbaratar este nuevo proceso. Entre los que destaca poderosamente el nombramiento o no como asesor municipal del que fue secretario general de la Junta Central Fallera durante los dos primeros años de legislatura, José Martínez Tormo.

De la misma manera, el otro argumento para que Pere Fuset regresara a las asambleas (la celebración o no del Congreso Fallero) se acelera y, posiblemente, quedaría ventilado rápidamente porque incluso ayer el presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández Motes, reconocía que «eso yo casi diría que va a ser rápido», en el sentido de aplazar su celebración.

De acuerdo con esa hoja de ruta, añadiendo la reunión celebrada con los miembros de la Junta Central Fallera, y si ninguna de las partes en litigio dinamita, consciente o inconscientemente, el debate, se celebraría una asamblea extraordinaria dedicada al Congreso Fallero el 24 de octubre (o el 21, sábado), y trasladaría el debate a las comisiones. Es decir, que cada mandatario consultara con sus bases la conveniencia o no de celebrarlo (un deseo expreso del concejal, aunque el Congreso y el Reglamento Fallero son conceptos que suelen pasar muy desapercibidos entre las bases). Ese margen de consulta se prolongaría un mes y se convocaría otra asamblea extraordinaria sobre el 21 de noviembre, para la decisión definitiva.

¿Cuando regresaría Fuset a los debates? Pues aparte del pleno y asamblea extraordinarios del 10, meramente protocolarios (salvo que alguien haga alguna interpelación "in voce"), posiblemente regresaría al pleno de octubre (el día 17) y a la asamblea del noviembre, el 28, si se descarta el Congreso.

«La asamblea del jueves es la que tiene que decidir. El ambiente en la reunión fue bueno y constructivo, pero son los presidentes quienes tienen la última palabra» aseguró Hernández Motes quien advirtió que «estamos todos por el diálogo, pero el concejal debe asumir que, cuando regrese a los debates, tanto en el pleno como en la asamblea, se le va a reprochar».

También se habló en la reunión de la posibilidad de que José Martínez Tormo sea nombrado asesor del edil, en sustitución de Amadeu Mezquida. Resulta evidente que cuestionar algo así es inmiscuirse en un aspecto organizativo de un concejal en el Ayuntamiento, algo para lo que, evidentemente, nadie está facultado (como tampoco un concejal puede cuestionar las directivas de comisiones o agrupaciones) «pero lo que es evidente» dijo Motes «es que la asamblea de presidentes pidió dimisiones tras lo que pasó con las normas de las falleras, que el secretario no continuó por ese motivo y que pasar ahora a ser asesor, obviamente, no gustaría». Martínez Tormo, coautor del texto de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, ha quedado estigmatizado por dichas normas, por encima del resto de la directiva de la JCF -que no puso reparos- y de la propia asamblea, que tampoco alzó la voz cuando se dio a conocer su articulado en la reunión de octubre de 2016. En lógica, y aparte de este proceso, el plante a la asamblea no continuará en octubre.