«Las Fallas son mucho más que lo sucedido la noche del viernes en la plaza del Mercado». Y alrededores. Esta es una de las frases que se escucharon ayer en la primera reunión de la Mesa de Diálogo, convocada rápidamente para, aún en caliente, empezar a estudiar cómo han ido las cosas en las recién finalizadas fallas y en qué se pueden mejorar las disposiciones pensando ya en 2020 e independientemente de quienes sean los interlocutores dentro de apenas unos meses -tanto en el ayuntamiento como en el resto de entidares participantes, que engloba a falleros, comerciantes, hostelería, vecinos, policía, bomberos, etcétera-. Lo cierto es que el gran problema está cercado: el botellón. Y al que se tiene que atacar de raíz.

El consumo de bebidas en la calle está permitido en el Bando Fallero y esa es una de las primeras ideas lanzadas en la reunión que presidió el concejal de cultura festiva, Pere Fuset. Tan sencillo y tan complicado a la vez como es derogar ese artículo, restringir el consumo de alcohol al que se despache en establecimientos autorizados (ya sean las barras de las comisiones o lo que se consuma en cualquier bar), que este consumo en la calle quede acotado a las zonas de actividades de las comisiones y, lo que es más importante, aplicar la coacción que tienda a su desaparición.

El botellón no interesa a ningún agente ciudadano porque nadie recauda dinero -el único perjudicado puede ser el supermercado, pequeño o grande-. Y el coste a nivel de imagen y de molestias es enorme, ya que, al no estar controlado es el que genera las montañas de basura (la que, si no es en su zona de actividad, no es responsabilidad de las comisiones), como los conocidos problemas con los orines, el ataque al patrimonio de la ciudad o, simplemente, la imagen. El problema sería, en todo caso, cómo aplicar esa prohibición. Es decir, cómo multar o incautar en una ciudad que tiene la fiesta a nivel global.