Una auditoría externa encargada en 2017 por el Ayuntamiento de València para analizar las cuentas de sus organismos autónomos ya advertía del uso excesivo del uso de contratos menores en la Junta Central Fallera. Un recurso tradicional para agilizar los trámites pero que empieza a verse restringido tras la aplicación, a partir de marzo de 2018, de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que exige la aplicación de concursos y licitaciones, tanto para aquellas contrataciones superiores a 15.000 euros como para aquellas que se puedan considerar «recurrentes»; es decir, que se producen todos los años.
El estudio fue una iniciativa del propio nuevo equipo de gobierno que, a lo largo de varias tantas, puso en manos de examinadores externos el análisis de los organismos autónomos locales. Se esperaba, pues, una serie de recomendaciones de lo que había que corregir de la dinámica habitual de trabajo.
En la misma, los auditores ponen una serie de peros a los métodos de trabajo. El documento pasó a ser ayer de dominio público y fue Ciudadanos el que, tras analizarlo, mostró sus críticas. El PP no se pronunció, posiblemente porque este partido gestionó la fiesta durante los 24 años anteriores y esos «vicios», incluyendo el uso y abuso del contrato menor, eran habituales.
La concejala dedicada a Fiestas en el partido naranja, Amparo Picó, anunció ayer que su partido «exigirá al concejal Pere Fuset cumplir con las recomendaciones de la auditoría».
Uno de los aspectos que incide la auditoría, e incide Picó, es la crítica que se hace a que las «mascletades» se adjudiquen de forma directa. La auditoría considera que cada disparo forma parte de un todo que se celebra cada año y que, por consiguiente, habría que licitarse. «El señor Fuset debe ser más riguroso en ese sentido». Y también afea la auditoría que no se buscaran más ofertas para la contratación de la Rambleta como espacio para celebrar el Teatro.
¿Qué dice el ayuntamiento sobre este tema? Que precisamente la auditoría, que es una «foto fija» de cómo estaban los procedimientos hace dos años y medio en los que, al llegar el nuevo equipo de gobierno, se empezó a funcionar mucho por inercia. Y que el examen es una herramienta para mejorar. Se es consciente de que el uso del contrato menor es algo tendente a corregirse y aseguran que, de hecho, así ha ocurrido. Pero, a la vez, que las limitaciones de personal del organismo fallero no ayuda, aunque en los últimos años se ha pasado de dos a cuatro administrativos, precisamente para afrontar los nuevos retos, incluyendo el de licitar más concursos.
Desde que entró en vigor la nueva ley de contratos han empezado a sacarse a licitación algunos lotes importantes. Por ejemplo, la Crida. U otro especialmente mediático: el de la indumentaria de falleras mayores y cortes. Que no tuvo precisamente, el resultado más deseable.
En el caso de las «mascletades», Cultura Festiva considera que se trata de una contratación «artística», no sometida al concurso puro y duro. Y que, como prueba de ello, desde el ayuntamiento se ha promovido que el Gobierno le aplique a la pirotecnia el IVA cultural.
Hay otro aspecto en el que Amparo Picó indice: la JCF no presenta ninguna alegación a las críticas de los auditores y anuncian que «vamos a exigir explicaciones». Fue, según las fuentes consultadas, un error humano. Se pasó el plazo.
