Los artistas falleros se han convertido, como no podía ser de otro modo, en el principal sector a rescatar de las dramáticas consecuencias que supone la cancelación de las fallas de 2020 y su traslado a 2021. El anteproyecto de primar a las comisiones con subvenciones sólo en el caso de que sigan apostando por la inversión en monumento supone un paso importantre para garantizar ese futuro, más allá del hecho incontestable de que no serán pocos los talleres que cerrarán sus puertas.

A partir de ahí, el foco se pone sobre el segundo sector que más depende de las Fallas: el de la indumentaria, que también mueve cientos de miles de euros cada año. En este caso el problema viene suscitado en uno de sus principales nichos de mercado: los cargos representativos.

En la Comunitat Valenciana se nombran cada año más de 1.200 falleras mayores, tanto de comisiones como representativos de una población. Todas ellas, junto con los presidentes infantiles, generan una cantidad enorme del volumen económico: son las que se hacen más trajes y, por definición, las más caros. Todo ese volumen se pierde con el fenómeno, ya inexorable, de prolongación de todas ellas en el cargo para todo el nuevo ejercicio.

Las consecuencias son graves y afectarán desde la empresas de tejidos (que reducirán el muestrario previsto para la temporada) a las modistas, que tendrán que basar la temporada en el mercado de la compostura y el arreglo. Por ello, en la reunión que consensuó la cancelación de la fiesta se acordó no olvidar a este sector y fomentar campañas de promoción. Por ejemplo el del mercado masculino, que es una línea tradicionalmente menor. También tendrá que recurrirse a la reinvención, incluyendo la aparición de nuevos productos o de nuevos tipos de tiendas, que de momento abren con cita previa y aforos limitados.