La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el que concluía que el Ayuntamiento de València cometió una infracción muy grave al haber tratado datos especialmente protegidos, como los relacionados con ideología o religión, en una encuesta sobre las Fallas realizada en 2017. Todo ello lo hizo «sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes», según concluye el tribunal.
Tras las declaración de las Fallas como Patrimonio inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Ayuntamiento de Valencia impulsó y aprobó la realización de un Plan Estratégico de las Fallas, con el objeto de analizar los distintos vectores de impacto que tiene la Fiesta sobre su entorno y determinar las claves sobre este evento y su futuro
En el marco de dicho Plan Estratégico se establecía la realización de un estudio sociológico sobre el colectivo fallero mediante encuestas, que el Consistorio contrató con la empresa Invest Group Investigación de Mercados SL (Invest). El público objetivo de la encuesta lo constituían los falleros e integrantes de la comisiones falleras, sin necesidad de que fueran directivos. Y en la encuesta se incluían preguntas sobre el sentimiento de valencianía, la inclinación religiosa o su afinidad política. Al finalizar, la aplicación a través de la que se realizaba la encuesta se solicitaba nombre, dirección y teléfono del encuestado, si bien sólo esto último dato era obligatorio.
La Sala, una vez examinados los argumentos de las partes (Ayuntamiento de Valencia y Abogacía del Estado), destaca que la Ley de Protección de Datos exige un consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de los datos de ideología y religión, reforzando así el consentimiento a prestar. Asegura, así mismo, que había elementos para identificar a los autores de las respuestas y culpa al consistorio de no velar por que esto no ocurriera.
Para la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Català, esta sentencia «demuestra que el Gobierno de Joan Ribó quiso politizar el mundo fallero al preguntar por cuestiones religiosas e ideológicas». El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha afirmado por su parte que el «dinero público no está para adoctrinar». Y desde el ayuntamiento han argumentado que la empresa que realizó la encuesta «se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la ley» y «a la destrucción» de los datos, cosa que se llevó a cabo. Recuerda, así mismo, que no ha habido sanción por esta falta.
