Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil

Un requerimiento notarial, una carta al concejal de Fallas, otra a la alcaldesa de la ciudad, una instancia por registro de entrada en el Ayuntamiento de València y un escrito de queja al Síndic de Greuges son algunos de los documentos enviados hasta ahora, y en los últimos días, por padres de niñas participantes en el proceso de elección de la Fallera Mayor Infantil de València 2026 en los que denuncian lo que consideran irregularidades del proceso. Y por el que reclaman desde la paralización del procedimiento a la inhabilitación de algunos de los jurados por incumplir las bases por las que se rige el proceso de selección.

Las acusaciones y quejas no son coincidentes en todos los escritos. De hecho, hay quejas y acusaciones para todo tipo de jurados, extendiéndose en algún caso a mayores pero por lo que se considera implicación en infantiles, pero hay dos que se repiten en todos los escritos: dos de los jurados presentados voluntariamente para el cometido y elegidos por la asamblea de presidentes.

Por una parte, Rosa Ferris, a quien acusan de haber faltado reiteradamente a sus obligaciones de jurado. No aplican valoraciones sobre su ejecutoria, sino datos, ya que enumeran las veces que faltó a las sesiones: "el sábado 13 todo el día, el domingo 14, el domingo 21, el jueves 25 y el viernes 26", que, siendo ésta la fiesta de despedida, aún sirve o puede servir como prueba. En concreto, "de diez pruebas estuvo en cinco y media y si contamos las pruebas en horas, ha estado ausente en más de la mitad".

Así mismo, acusan de conflicto de intereses a otro miembro del jurado. En concreto, a Antonio Carceller, elegido por la asamblea dentro del escalafón de "falleros de a pie". Se le acusa de "amistad públicamente reconocida", y de vulnerar el punto 4 de los requisitos de los jurados, que dice textualmente que "los candidatos votados por la Asamblea, así como los jurados designados por el Presidente, no deberán tener relaciones personales o laborales con ninguna candidata, ni tener amistad manifiesta o ser familiar directo". Adjuntan o apuntan para ello lo que son pruebas de la relación existente en forma de vídeos y publicaciones en redes sociales que, de acuerdo a este criterio, rebasarían la línea admisible.

Consultas desde el Ayuntamiento

Contrariamente a otras ocasiones, y según ha podido saber Levante-EMV, el tema no cayó en saco roto en el Ayuntamiento y se evacuaron consultas en el departamento administrativo para saber si se podía actuar de alguna forma -una vez llevado a cabo el procedimiento normal de apertura de expediente, consulta a los afectados, etcétera-. La contestación fue que, al tratarse de personas delegadas por la asamblea de presidentes, sola ésta es la que puede inhabilitarlos, si así lo considera. Habría hecho falta elaborar un expediente informativo, convocar una asamblea extraordinaria, exponer la situación y, en todo caso, llevar a cabo una sustitución de jurados si así se considerara. A pesar de ser una prerrogativa delegada y que los jurados pasan a estar bajo la égida de la Junta Central Fallera, el presidente de la misma no tiene potestad para destituir jurados o, en todo caso, para anular sus votos -que la decisión la tomaran cinco personas nada más y no siete-. Todo ello si se considerara que las ausencias invalidan el criterio y si la relación laboral y de amistad aducida se considerara invalidante. Hay otras denuncias que afectan a otros miembros de jurados, que se consideran menos relevantes y que, en estas consultas, no se han tenido en cuenta.

Esta es la segunda vez en tres años que progenitores presentan cartas y requerimientos, puesto que esto ya tuvo lugar en el proceso de 2023, cuando un amplio grupo de padres presentó una carta de protesta en la JCF. Pero si en aquella ocasión la queja era de "trato inadecuado", -más en todo caso interpretable, aunque coincidente en muchos de los denunciantes-, por parte de uno de los miembros del jurado, en esta ocasión lo que han hecho es aportar documentos y testimonios por los que, según sostienen, el proceso está viciado.

El retraso de 1995

El requerimiento notarial pide la paralización del proceso, algo que se antoja complicado por los plazos, aunque hay que recordar, en ese sentido, casos tanto en las Fallas como en otras jurisdicciones. En 1995, por ejemplo, la elaboración de los jurados de la fallera mayor de València se retrasó varias semanas. No fue por cuestionar a los componentes del jurado, sino por un desencuentro de criterios a la hora de confeccionarlos entre la directiva de la Junta Central Fallera y la asamblea.

El caso de la fallera de 14 años

En la jurisdicción fallera se han producido ya conflictos que han llegado a las instancias judiciales. Y el más reciente fue el de la candidata a la que no se permitió participar en las preselecciones por estar en el llamado "limbo de los 14 años", edad en la que no se puede concursar en ninguna de las dos modalidades. El proceso no llegó a tiempo para que la candidata se pudiera presentar -como así ocurrió- pero finalmente se reconoció que la norma era injusta y, por consiguiente, había que revocarla. Cosa que se hizo en una asamblea de presidentes.

En otros ámbitos como el deportivo -en este caso de imposible aplicación- hay que recordar el "caso Obradoiro", en el que se obligó a restituir al equipo de baloncesto en la máxima categoría doce años después de empezar su reclamación.

En cualquiera de los casos queda por saber qué recorrido tendrá incluso en los juzgados, porque los afectados han asegurado que se presentará una denuncia a través de un gabinete de abogados -aunque la resolución, como en el caso de la fallera de Campanar, llegue pasados los meses o los años- y falta por ver qué ocurre en la siguiente asamblea de presidentes, aunque en este caso también será un ejercicio de cuestionar el sistema en general.

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