Incendio en la Devesa de El Saler por un artefacto pirotécnico

Agentes de la Policía Local de València han identificado a cinco jóvenes relacionados con un incendio declarado durante la madrugada del 16 de marzo en la zona de El Saler, concretamente en el Camí Mig de la Devesa, espacio protegido incluido en la reserva natural.

Los hechos ocurrieron sobre las 03:41 horas, cuando a través de la sala CISE se recibió aviso de un incendio en la zona forestal. Hasta el lugar se desplazaron patrullas policiales junto a efectivos de bomberos del parque de El Saler y componentes de la Guardia Civil del puesto de Alfafar.

Según informaron los bomberos, el fuego afectó aproximadamente a 200 metros cuadrados de terreno, quedando finalmente extinguido.

Durante la intervención, una testigo manifestó haber observado a cinco jóvenes lanzando un artefacto pirotécnico en las inmediaciones del paseo marítimo y cómo, tras iniciarse el incendio en el matorral, abandonaban rápidamente el lugar en un vehículo.

La investigación

Posteriormente, las patrullas localizaron un turismo cuyas características coincidían con las descritas por la testigo, interceptándolo en las proximidades de la zona. En su interior viajaban cinco ocupantes jóvenes, observándose restos de arena en el vehículo y en parte de su ropa.

Uno de los identificados reconoció posteriormente haber lanzado una bengala sin intención de provocar el incendio, abandonando el lugar al comprobar que el fuego se había propagado.

Las imágenes de las cámaras de tráfico también permitieron corroborar la salida del vehículo desde la zona en dirección a València.

Los cinco jóvenes fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Alfafar, donde uno de ellos quedó investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal en zona protegida de gran valor ambiental.

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de incendio forestal tipificado en el Código Penal, cuya gravedad se incrementa al haberse producido en un espacio natural protegido. Este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión, sanciones económicas y la obligación de responder por los daños ocasionados al medio natural y por el coste de los trabajos de extinción.