Las víctimas afean al Consell que no ha abonado ninguna indemnización a las familias de fallecidos 15 meses después de la dana

Dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana han salido al paso del debate por las indemnizaciones en la C. Valenciana después de que la Generalitat criticara al Gobierno por la cuantía de los pagos. "L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O reclamamos públicamente a la Generalitat Valenciana que reconozca a sus víctimas y que asuma, de una vez, su responsabilidad e indemnice a los familiares de las víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024", señalan en un comunicado las dos entidades.

"¡Politiqueo con las víctimas, NO!", señala el comunicado emitido esta tarde por las dos entidades. "Quince meses después de los hechos, la Generalitat todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales, como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares. Esta situación resulta profundamente dolorosa y ofensiva para las familias, que continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional", aseguran.

El asunto de las indemnizaciones ha salido a la palestra después de que desde el PP y el Consell de la Generalitat se haya querido comparar el monto de las ayudas a los fallecidos de la dana con las del reciente accidente del tren Iryo en Adamuz. Llorca criticó que fueran mayores en el caso del accidente de Córdoba. La polémica ha causado una gran inquietud y malestar en los afectados valencianos. Los socialistas también han cargado contra el Ejecutivo valenciano.

Las diferencias en las indemnizaciones vienen marcadas por la ley que regula cada catástrofe. Así, según explican desde Moncloa, en la dana se pagaron 72.000 euros por fallecimiento en aplicación de la ley de Protección Civil. En el momento de la tragedia la cantidad contemplada en la norma eran 18.000 euros, pero se cuadruplicó.

En Adamuz, el Estado también abona 72.000 euros por fallecimiento, una cantidad fijada en el Real Decreto sobre accidentes ferroviarios de 2014, durante el mandato de Mariano Rajoy. Pero además, puesto que las muertes se han producido en una infraestructura pública, se añaden otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad patrimonial y civil.

Por último, explican las fuentes del Gobierno, se contempla el abono de "entre 21.000 y 72.000 euros que deben consignar las aseguradoras por sus seguros que no paga el Estado". Así, en caso de alcanzar esa cifra máxima, las indemnizaciones pueden ascender hasta esos citados 216.000 euros.

En este contexto, las asociaciones consideran especialmente grave e indignante que, desde el ámbito institucional, se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario. "Desde el respeto absoluto, la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas y familiares de un accidente de tren, afirmamos con rotundidad que no se puede ni se debe comparar un accidente con la gestión criminal de una emergencia, existiendo información disponible y decisiones que no se tomaron", añade el comunicado.

"Además, es necesario realizar una aclaración para evitar confusiones interesadas: las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos. En el caso del accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior. En ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana, y utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable", lamentan.

Para añadir: "Lo que denunciamos es que la Generalitat Valenciana no ha asumido su parte de responsabilidad con las familias de las víctimas mortales de la DANA, ni en términos económicos ni políticos. A todo ello se suma que, quince meses después, tampoco se han asumido responsabilidades políticas, manteniéndose en sus cargos el Consell responsable de la gestión de aquel día, así como el acta de diputado de Carlos Mazón y la continuidad de los consellers Camarero, Rovira y Barrachina".

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