Reyal Urbis renuncia al PAI de mil casas en Alboraia a cambio del aval de 300.000 euros

La empresa constructora Reyal Urbis ha propuesto al Ayuntamiento de Alboraia renunciar al desarrollo del Plan de Reforma Interior UE 1-Vinival de cerca de mil viviendas en la Patacona a cambio de que el consistorio le devuelva el aval bancario de 300.000 euros que depósito la promotora en 2008 como garantía del proyecto que no llegó a desarrollar. Además, si el ayuntamiento acepta este acuerdo, Reyal Urbis no ejecutará una posible sentencia contra el gobierno municipal por haber declarado en septiembre de 2008 «desierto» por falta de documentación el concurso del procedimiento de gestión del PAI tras haberlo concedido de forma provisional a la constructora. Ya hubo en 2010 una primera sentencia favorable a Reyal Urbis que anuló aquella resolución del ayuntamiento y éste lo recurrió, y ahora ambas partes están a la espera de que el juez resuelva el recurso que presentó el municipio.

Lo cierto es que ni al ayuntamiento le interesa una nueva sentencia contraria a sus intereses, ni a Reyal Urbis le interesa ganar el contencioso. La inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría fue declarada en concurso de acreedores en 2012 y hasta septiembre de 2014 sus pérdidas ascendían ya a casi 484 millones de euros, 126 más que hace un año. En junio de 2013 el valor de los activos de Reyal Urbis era de 2.787 millones de euros, bajó a 2.095 en diciembre del año pasado, volvió a hacerlo hasta 1.629 millones en mayo de 2014 y es previsible que, en la nueva tasación prevista antes de que finalice el presente ejercicio, se sitúen en una horquilla de entre 1.300 y 1.400 millones, con un valor de mercado inferior a 1.000 millones.

Así pues, y según fuentes municipales, a los acreedores de Reyal Urbis les interesa más recuperar los 300.000 euros que depositaron como aval bancario en 2008, que desarrollar un proyecto urbanístico al que actualmente no le ven futuro y ni siquiera tienen capacidad para hacerse cargo de él. El actual gobierno que preside Miguel Chavarría (PSPV) acepta el convenio transaccional propuesto por Reyal Urbis para la finalización del procedimiento ordinario, aunque tiene que ser el pleno el que apruebe definitivamente este convenio en la sesión que aún se estaba celebrando al cierre de esta edición.

De aprobarse el convenio y renunciar la empresa a su condición de agente urbanizador, el consistorio podría volver a sacar a concurso público el desarrollo de este PAI cuya programación indirecta y las bases para el desarrollo fueron aprobadas en diciembre de 2007. El plan incluía la recalificación de 120.887 metros cuadrados de suelo industrial „incluyendo los de la antigua empresa vinícola de Vinival, con sus grandes bodegas que pasarían a ser de propiedad municipal para convertirse en centro cultural„ en residencial para construir 946 viviendas, además de 33.133 metros de suelo dotacional y 15.383 de zonas verdes.

Además, las bases para desarrollar el sector establecían que el 5 % de cesión por el aprovechamiento se sustituiría por una aportación económica equivalente, y que el 25 % de la edificabilidad se destinaría a viviendas de protección oficial, tal como fue obligatorio hasta ese año. En el informe del arquitecto municipal que aludía a la cesión de las bodegas y su rehabilitación, el técnico concluía que el proyecto costaría más de 7,4 millones y estimaba que debería contemplarse como cargas de urbanización.

Según han explicado fuentes municipales, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se hará pública en las próximas semanas, se mantiene la protección de las bodegas de Vinival y se reduce la edificabilidad en el sector, que el actual gobierno considera excesivo, e incrementa la zona de uso terciario en detrimento del residencial.

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