El PSOE detecta tres firmas «irregulares» de ediles del PP en la petición de pleno urgente

La solicitud de un pleno extraordinario para que el gobierno local socialista de Alaquàs dé cuenta de una sentencia desfavorable al ayuntamiento sobre la prórroga de la gestión del agua, que firmaron siete ediles del Partido Popular —el octavo estaba de viaje— y el concejal de Bloc-Els Verds, incluye irregularidades. Según ha denunciado el portavoz socialista, Juan Antonio Oñate, tres de los concejales populares —Miguel Tatay, Paco García Barea y Javier Taberner— han utilizado una rúbrica casi idéntica y, en dos de los casos, no se corresponde que la que habitualmente estampan en documentos municipales.

El grupo socialista sospecha de que «alguien puede haber firmado por ellos», lo que considera «un asunto grave» porque «se está utilizando el nombre de un concejal electo de la corporación». Oñate indica que no sabe si es que los concejales «no estaban en Alaquàs» el pasado lunes, cuando se tramitó la petición, o «es que esos ediles no están de acuerdo con las decisiones que toma el portavoz, Pepe Pons». En cualquier caso, el PSOE estudia si se ha vulnerado la legislación «al tratarse de un documento oficial tramitado por el registro» y «en ese caso se trasladará donde corresponda». «Si el PP pide transparencia, que se apliquen la misma receta», dice.

Con todo, Oñate asegura que «el pleno se va a convocar igualmente» porque «hay suficientes firmas con el resto para pedirlo y porque es voluntad de este gobierno dar cuentas, ya que no hay nada que esconder». La sentencia ha anulado la ampliación de la contrata del agua que acordó el gobierno local con la concesionaria, Aguas de Valencia, de 2020 —que era cuando tenía que finalizar la adjudicación vigente— hasta 2035, lo que implica que el consistorio tiene que devolver o compensar a la empresa los seis millones que cobró por adelantado.

Por su parte, el portavoz Pepe Pons asegura que su grupo «no tiene ningún problema en ratificar la petición, uno por uno, ante el secretario de la corporación, si así se quedan tranquilos» aunque considera que la acusación socialista es «una cortina de humo». Pons insiste en que se convoque el pleno, antes de que acabe el plazo para alegar los presupuestos «porque de lo contrario nos veremos obligados a impugnarlos».

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