Los bibliotecarios dicen que usar las salas para estudiar excluye al resto de usuarios

La ampliación de horarios en las bibliotecas públicas municipales con motivo de los exámenes da respuesta a las exigencias de los universitarios pero, a cambio, obliga a suspender prácticamente el servicio en las salas de lectura y excluye a la mayoría de la ciudadanía, que durante esos días apenas puede acceder a las bibliotecas «simplemente porque no hay sitio», tal como advierte Enric Campos, vocal del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana.

«Las bibliotecas públicas no son aulas de estudio», aunque en estos días hacen a menudo esa función y, al final, se pone en riesgo la misma supervivencia de la biblioteca, que «al menos dos veces al año deja de prestar correctamente el servicio para el que fue creada», detalla Campos. A su juicio, el problema reside precisamente en la confusión entre ambos espacios. «Es lógico que los estudiantes reclamen un lugar con silencio, suficiente luz y buenas conexiones a Internet para trabajar, pero eso no tiene que implicar que se apropien temporalmente de las bibliotecas y se excluya de ellas al resto de la ciudadanía, que por lo general es la que utiliza el servicio el resto del año», apunta el especialista.

Desde su punto de vista, lo ideal sería «buscar el equilibrio entre los intereses de todos» los usuarios. «Las bibliotecas públicas municipales son centros generalistas a los que acuden personas de todo tipo y edad que ya no van sólo a por un libro, sino que la emplean como punto de encuentro y convivencia a todos los niveles». Sin embargo, en época de exámenes, las salas de lectura permanecen copadas por los estudiantes y, en muchos casos, se hace imposible desarrollar el resto de actividades. «Los centros deberían estar abiertos a todos y no primar a un determinado colectivo por encima de otro, como sucede estos días con los universitarios», insiste Campos.

Para conseguir ese equilibrio considera imprescindible la voluntad política y la pedagogía de todos los sectores implicados. «Habría que animar a los vecinos que estos días se quedan sin biblioteca a que reivindiquen sus derechos a los alcaldes, igual que hicieron en su día los estudiantes para conseguir la ampliación de horarios de estudio y, al mismo tiempo —subraya—, habría que advertir a los políticos de que con esos comportamientos satisfacen a una parte de sus ciudadanos mientras desatienden al resto».

Como solución, el vocal del Colegio de Bibliotecarios apuesta por «una estrategia de crecimiento». Ésta pasaría por «permitir que las bibliotecas municipales gestionasen espacios en los que instalar aulas de estudio» que diesen respuesta a las exigencias estudiantiles y, al mismo tiempo, liberasen a las salas de lectura para que éstas «pudiesen seguir prestando el servicio sin ninguna merma».

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