La juez no halla pruebas de que dos ediles del PP pagasen obras que no se realizaron

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mislata ha sobreseído de forma provisional la causa abierta contra la concejal del PP local, Gloria Alonso, y el exedil del mismo partido, Vicente López Sinisterra, por sendos delitos de malversación de caudales públicos cuando formaban parte del gobierno de Manuel Corredera entre 2007 y 2009, tal como adelantó ayer la edición digital de Levante-EMV.

Alonso y López Sinisterra, ambos vicepresidentes del PP de Mislata, fueron denunciados por el actual ejecutivo local socialista por haber firmado facturas por valor de más de 200.000 euros de una misma empresa para pagar obras (asfaltado y alumbrado, principalmente) que supuestamente no se realizaron o que ya había ejecutado otra empresa semanas antes, y comprar materiales (papeleras y bancos) que no habrían sido localizados, según aseguraban los informes municipales que el consistorio aportó al juzgado.

La magistrada „la misma que investiga al alcalde Carlos Fernández Bielsa por un presunto delito de prevaricación„ abrió diligencias en 2013 al considerar que en la documentación facilitada por el consistorio «consta el pago de obras públicas no ejecutadas, pago duplicado de facturas y partidas presupuestarias correspondientes a papeleras y bancos no colocados».

Por ello, la juez rechazó un recurso de reposición de los dos políticos imputados en el que estos acusaban al ejecutivo de Bielsa de «manipular la información» que puso a disposición del juzgado» y haber «ocultado hechos y presentado una denuncia parcial y sesgada ante la Fiscalía».

Ahora, tras la declaración de varios trabajadores del ayuntamiento y de los propios imputados, y de que el fiscal haya estimado que no ha quedado probada la comisión del delito de malversación por parte de Gloria Alonso y López Sinisterra, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa.

Según ha podido saber este periódico, el ayuntamiento ya ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación al considerar que en la decisión judicial se han «olvidado» los hechos objeto de la denuncia y que estos no han quedado esclarecidos.

Entre otras cosas, el denunciante pide que se le tome declaración a los responsables de la empresa a la que iban dirigidas las facturas por obras objeto de la investigación, y que no han sido llamados a declarar en el transcurso de las diligencias previas. El denunciante destaca en su recurso que tampoco se le ha requerido a esta empresa sus cuentas anuales o la relación de facturas y suministrados al ayuntamiento entre los años 2007 y 2009, y ni tan siquiera los partes de trabajo y certificaciones de obra que el actual gobierno denunció que no se habían ejecutado, circunstancia que también pide que se subsane.

Este periódico ya publicó que en su declaración ante la juez como testigos, el arquitecto, el ingeniero, el jefe de obras y el aparejador municipal mantuvieron las conclusiones de sus informes y aseguraron que no podían acreditar la existencias de estas obras y la instalación del mobiliario ya que no se les requirieron los preceptivos informes previos a su contratación, ejecución o pago.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó información sobre la titularidad de seis cuentas bancarias a las que se destinaron los importes de las facturas de la empresa, que el ministerio público calculó en 168.830 euros al excluir los costes de la compra de papeleras y bancos.

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