La alcaldesa defiende que actuó avalada por informes en el conflicto del polideportivo

La alcaldesa popular de Torrent, Amparo Folgado Tonda, acudió ayer al edificio de los juzgados a prestar declaración tras ser imputada por delito de prevaricación administrativa. La empresa que gestiona desde hace diez años el polideportivo Parc Central interpuso una denuncia penal contra toda la junta de gobierno por los acuerdos tendentes a quitarle la concesión, por la que se ha imputado a un total de nueve concejales.

Amparo Folgado pidió en diciembre que se adelantara su declaración, prevista inicialmente para la semana próxima, de forma que ayer pudo expresarse ante el juez, al igual que los ediles Pilar Vilanova, Enrique Carratalà y José Gozalvo, que estaban citados a lo largo de la mañana.

«¿Quién paga a los abogados?

La mandataria llegó al juzgado a las 9.30 horas y lo hizo acompañada por el que se ha convertido en su mano derecha en los últimos tiempos, el concejal Jorge Planells, portavoz del grupo municipal popular y responsable de las área de Economía y Seguridad Ciudadana. Aunque no le tocaba declarar hasta la semana próxima, Planells, que es abogado de profesión, quiso arropar a Folgado en este trance.

La alcaldesa estuvo más de tres horas dentro del juzgado aunque, según su propio testimonio, la declaración puramente dicha apenas duró unos 30 minutos. Los preparativos previos y los trámites hasta que firmó su declaración escrita completaron el tiempo. Folgado y el resto de ediles han contratado al afamado penalista Javier Boix, que ha defendido casos como el de Francisco Camps, Rafael Blasco o Carlos Fabra. Además, ayer acudió la abogada del ayuntamiento, según informaron fuentes municipales.

Durante su declaración, fuentes del caso indican que defendió que todos los acuerdos que adoptó la junta de gobierno estaban avalados por informes técnicos y jurídicos, y que las decisiones pretendían defender los intereses de los vecinos de Torrent, como ya adelantó ayer levante-emv.com. Otras fuentes han explicado que en algunas de las preguntas se acogió a su derecho de no declarar. «Estoy muy tranquila. Ha ido todo bien y he dicho lo que tenía que decir y lo que he defendido este tiempo», manifestó a Levante-EMV tras la declaración.

El inicio de la crisis con la empresa gestora arranca del impago del canon anual de 2013, que asciende a 240.000 euros. La firma ha argumentado la imposibilidad de mantener ese precio, como figura en el contrato de 2004, dada la bajada de ingresos y la pérdida de clientes. También la empresa pidió en su día que los clubes locales pagaran por el uso de las instalaciones porque sus horas de entrenamiento y competiciones excedían el máximo para este fin.

Durante las negociaciones por ambos asuntos, se produjo el episodio más tenso, en enero de 2014, cuando la concesionaria impidió la entrada a estos clubes, lo que provocó un enfrentamiento directo con la alcaldesa y el edil de Deportes, Enrique Carratalà. El asunto se resolvió con la vuelta de estas entidades deportivas locales a Parc Central pagando las tarifas, aunque el consistorio les reembolsa mensualmente el dinero.

Posteriormente, en mayo, el consistorio volvió a expedientar a la contrata por colocar presuntamente nueva maquinaria que obstaculizaba las salidas de emergencia y por no acometer obras urgentes para un campeonato.

Finalmente, el ayuntamiento inició el procedimiento para rescindir el contrato alegando la acumulación de dos faltas graves, documentadas en los correspondientes expedientes y recurridos por la empresa en contenciosos-administrativos. De forma paralela, la firma pidió un aplazamiento del pago del cano de 2014.

A pesar de las supuestas faltas de la empresa, el informe del Consell Jurídic Consultiu, preceptivo para culminar la rescisión, estableció que el consistorio no tenía motivos para romper el contrato en el momento en que lo hizo. Con todo, la tramitación administrativa de los expedientes y los recursos judiciales han quedado paralizados al iniciarse estas acciones penales.

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