La alcaldesa de Torrent, la popular Amparo Folgado, ha declarado esta mañana ante el juzgado de primera instancia número 1 de Torrent en calidad de imputada por un delito de prevaricación administrativa, que se deriva de la denuncia penal interpuesta por la empresa que gestiona las instalaciones del polideportivo Parc Central. La sociedad acudió al juzgado cuando el gobierno local inició el proceso para rescindirle el contrato de adjucación del servicio, tras meses de batalla administrativa porque la concesionaria alegó que no podía pagar el canon anual de 2013 unos 240.000 euros por un descenso de clientes e ingresos.

Folgado ha acudido al juzgado con el portavoz municipal popular y concejal de Economía y Participación Ciudadana, Jorge Planells, seguida de la edila de Bienestar Social Pilar Vilanova, que declaraba a continuación. El juzgado ha imputado por prevaricación administrativa tanto a la alcaldesa como a los ocho concejales que forman parte de la junta de gobierno, el órgano que adoptó las decisiones de abrir los expedientes a la empresa e iniciar la rescisión.

Diversas fuentes han indicado que la alcaldesa Folgado esgrimió ante la jueza los mismos argumentos que ha defendido hasta ahora públicamente: Actuó para defender los intereses de los torrentinos con el objeto de reclamar los 240.000 euros del pago del canon anual que establece el contrato de adjudicación y con los informes jurídicos y técnicos que avalaban cada paso que se dio.

La batalla entre el gobierno local y la empresa gestora de Parc Central se inició hace un año y medio, tras solicitar ésta renegociar el canon anual por no poder pagarlo. Uno de los momentos más tensos se vivió en enero de 2014 cuando a la vuelta de las vacaciones de Navidad, los cinco clubes que hacen uso gratuito de las instalaciones se encontraron con que se les prohibía la entrada y se les instaba a pagar a partir de ese momento.

Los clubes tenían las pistas y la piscina gratis porque una cláusula del contrato establecía que se dedicaría un porcentaje de las horas a fomentar el deporte de base. El consistorio considera que en ese tramo estaba más que cubierto el entrenamiento y la competición gratuita para las entidades deportivas locales pero la empresa esgrime que se ha superado en mucho el porcentaje que se pactó. Ahora los clubes tienen que pagar por utilizar Parc Central y el consistorio les reembolsa el dinero.

Hasta la fecha y como ha informado Levante-EMV, existen al menos tres recursos contenciosos-administrativos de la empresa contra decisiones judiciales, que ahora han quedado paralizados (al igual que el procedimiento en el ayuntamiento para rescindir el contrato) hasta que se resuelva el proceso penal. La alcaldesa ha esgrimido siempre que actuaba a favor de los intereses de los vecinos, mientras que la empresa alegó que estaba sufriendo coacciones por parte del gobierno local.