El PSOE pide un pleno urgente sobre el conflicto de la piscina de Torrent

La sentencia que anula una de las sanciones impuestas por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrent a la empresa concesionaria de la gestión del polideportivo Parc Central, como ayer informó Levante-EMV, es «la gota que colma el vaso» del conflicto que desde hace un año y medio se vive en esa infraestructura», para los grupos de la oposición, el PSPV y Compromís.

En las filas socialistas, el portavoz Andrés Campos considera que «se ha llegado a un punto lo suficientemente grave como para que el gobierno local del PP haga lo que no está acostumbrado a hacer, convocar de una vez una junta de portavoces y explicarnos qué está pasando».

Desde que se inició el conflicto —primero porque la empresa no pagó el canon de 2013 y luego porque no dejó entrar a algunos clubes que usaban las instalaciones gratuitamente—, la oposición ha reclamado información y se ha quejado de la «opacidad» del gobierno local.

Y al saber ahora que un juez ha considerado que la sanción impuesta a la empresa de 5.000 euros no se ajusta a la legalidad porque la impuso la junta de gobierno, cuando el órgano que tiene la competencia es el pleno, el PSPV ha anunciado que hoy a primera hora pedirá una reunión urgente de la junta de portavoces, y la convocatoria de un pleno extraordinario.

Para Campos —con ediles suficientes para forzar legalmente ese pleno—, es momento de realizar un pleno de debate sobre el estado de la ciudad, que tenga entre los puntos principales el problema de Parc Central. «Ya que le correspondía al pleno haber debatido y aprobado las medidas, y lo ha hecho el gobierno por su cuenta, nosotros vamos a llevar el debate al pleno», explica el edil, al tiempo que recuerda que «también hay otros temas».

Campos quiere que el gobierno local explique «públicamente» qué repercusiones puede tener la sentencia y si invalida todo el proceso que se inició para sancionar a la empresa y rescindirle el contrato. Y, además, considera que debe constituirse una comisión paritaria, «si no les gusta la junta de portavoces», para hacer seguimiento de todo el asunto y conocer las decisiones.

El conflicto con la gestora de Parc Central desembocó en una denuncia por vía penal de la firma por la que están imputados por prevaricación administrativa la alcaldesa y ocho ediles.

Suscríbete para seguir leyendo