El caso del Castell-Palau de Alaquàs o de las 4 torres

El monumento desde su construcción en el siglo XVI, iniciada por Jaume García de Aguilar i Almarich, se mantuvo en posesión de los señores de Alaquàs, hasta la extinción de los señoríos territoriales a mediados del siglo XIX. Fue en este momento cuando sus entonces titulares, los marqueses Manfredi de la Casta, de Cremona, en Italia, se desprendieron de su propiedad, existiendo a partir de este punto falta de certeza al respecto de a qué manos privadas pasó. El Plan Director del bien (2004), dirigido por Vicent García Martínez, plantea en su memoria histórica de Adrià Besó Ros como posible primer titular del Palau tras el fin del señorío, al abogado y político Gerardo Estellés Gadea en el período de 1864 a 1892.

A continuación, según Rafael Roca Ricart (2008), lo debió adquirir Julio Jiménez Llorca que tres décadas más tarde —el 15 de marzo de 1918—lo vendió al comerciante de madera Vicente Gil Roca, que pretendía derribarlo y vender sus destacados artesonados, motivo por el que el bien fue declarado de urgencia por el Estado como Monumento histórico-artístico solo un mes más tarde, concretamente el 21 de abril. Entre 1930 y 1941 pasó a ser propiedad de la familia Lassala, período en el que se empleó como fábrica de alfombras, se realizaron varias reformas impropias y ya a mediados de los 90 se organizaron banquetes de boda, hasta que el consistorio clausuró esta actividad en el año 2000. Esto llevó aparejado un proceso de negociaciones con sus dueños impulsado desde el consistorio, que acabó finalmente con la expropiación del Castell durante la alcaldía de Jorge Alarte en 2002, pudiendo abrir entonces sus puertas por primera vez como propiedad municipal hoy hace 12 años.

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