El mismo mes en el que el presidente de Egusa ha puesto en alerta a la Guardia Civil por el acceso irregular de personas a la sede, y les recuerda que allí hay archivados documentos que podrían ser investigados, el juzgado número 1 de Moncada ha iniciado las testificales de uno de estos asuntos, el que se sigue contra el actual portavoz del grupo municipal popular, Manuel Álvaro. La propia fiscalía pidió la imputación del exalcalde de Alboraia a raíz de un informe contratado en 2012 por el entonces gobierno cuatripartito y presentado al Ministerio Público únicamente por dos de sus miembros: UPPA y Cialbo (aunque en 2014 se unió a la acusación Compromís).
Este informe se realizó a partir de información facilitada al autor, el abogado Pedro Nácher, por miembros del ejecutivo, aunque el PP siempre ha denunciado que se trata de un informe «parcial, incompleto y sesgado». El informe de Nácher basa parte de sus acusaciones contra Álvaro en la «inexistencia» de algunos documentos y trabajos relacionados con Egusa.
El pasado viernes el titular del juzgado 1, Joaquín Bosch, tomó declaración, entre otros, al empresario Bautista Soler, promotor de una gran urbanización en la Patacona que el informe de Nácher pone bajo sospecha. Cuando el exalcalde prestó declaración como imputado en julio de 2013, tuvo que responder por su supuesta amistad con el constructor y la compra de un ático a su empresa Mercado de Construcciones. Ante el juez, Soler negó que existiese una relación de amistad entre ambos y que la compra del inmueble por parte del entonces alcalde se produjo en condiciones similares a las de otros inmuebles de la zona, negando que Álvaro resultase de alguna forma favorecido. La acusación particular ha solicitado que se realice una comparativa a este respecto.
También declaró como testigo la representante legal de la empresa Geroresidencias que firmó en 2003 el convenio de venta de un terreno al consistorio junto al entonces alcalde, al que el informe de Nácher acusa de haber perjudicado económicamente al municipio con esta operación al pagar cuatro veces más de su coste real. En 2007 Soler (que, en teoría, no tenía ninguna relación con Geroresidencias) certificó ante notario que había cedido esta parcela al consistorio. Según las fuentes consultadas, en su declaración del viernes la representante de Geroresidencias dijo que Soler ya estaba presente en la firma del convenio de 2003, aunque no aparece nombrado en él.
