La crisis que vive el gobierno local de Aldaia, presidido por la popular Carmen Jávega, desde hace un año, se ha hecho aún más profunda. Dos concejalas del ejecutivo municipal renunciaron ayer a sus competencias en el ayuntamiento, dimitieron como miembros del pleno y acudieron a la sede del Partido Popular de Valencia a tramitar su baja de militantes. Las edilas Patricia García Guasp y Patricia de la Esperanza dejaron sus áreas de gobierno „y sus sueldos„ a través de un escrito tramitado por el registro municipal en el que manifiestan sus «desacuerdos con la gestión política realizada por la alcaldesa presidenta».
Ambas concejalas explicaron posteriormente a Levante-EMV que no han podido «seguir aguantando decisiones incoherentes y perjudiciales para los vecinos de Aldaia», a pesar de que quedan menos de tres meses para las elecciones municipales.
Con su abandono de las filas populares ya son tres los ediles que le plantan cara a Jávega, puesto que en diciembre se marchó del grupo y quedó como edil no adscrito el que era portavoz municipal, José Luis Montesinos, al que las discrepancias con la gestión le han llevado a impulsar su propio partido independiente local. Montesinos llevaba 20 años en el PP.
García y de la Esperanza han explicado que, por el momento, van a tomarse un tiempo para «descansar después de meses de tensión», aunque no descartan integrarse en otras opciones políticas. Hace dos semanas, sus maridos y otros vecinos han constituido Ciudadanos en Aldaia.
Patricia García Guasp era concejala de Educación, Cultura, Infancia y Familia en Aldaia, y tenía asignadas las áreas de Educación y Fiestas en el Barrio del Cristo. Por ello, disponía de una liberación al 75% de sueldo en el ayuntamiento. Ayer pidió el reingreso inmediato en el centro concertado de secundaria donde trabaja. Aunque no participaba de la vida política hasta esta legislatura, asegura que llevaba militando en el PP más de 20 años. Está satisfecha con su gestión, ya que «en ningún curso ha habido problemas de escolarización y ha aumentado la cuantía de las becas». Con todo, no comparte los recortes que impuso la alcaldesa en el área de Cultura y que dejaron el emblemático auditorio TAMA casi sin programación.
Patricia de la Esperanza es responsable de Economía, Patrimonio e Igualdad. Tenía un sueldo municipal del 50% por tener media liberación y ahora irá al paro, probablemente sin prestación económica. Aunque su familia eran simpatizante del PP desde siempre, se afilió en 2011. Está imputada por la denuncia que planteó Esquerra Unida sobre el servicio de limpieza que llevaba años sin contrato, aunque siempre ha defendido que la licitación no era de su competencia. Esgrime que en cuatro años Aldaia ha cumplido los requerimientos económicos del Gobierno y ha podido crecer el presupuesto por haber alcanzado los objetivos de ajustes.
Las dos concejalas defendieron ayer que «ha sido un honor trabajar para el pueblo de Aldaia y para los vecinos» y también tuvieron palabras de agradecimiento para los técnicos y trabajadores municipales de sus áreas, así como para las asociaciones relacionadas.
