Seis de las siete personas que aparecen en la grabación de la cámara de seguridad de la empresa municipal de Alboraia (Egusa) que el exalcalde Manuel Álvaro ha llevado al juzgado por su presunta relación con una supuesta desaparición de archivos, han denunciado a su vez al también presidente del PP local por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Consideran los denunciantes que Álvaro pudo haber delinquido al haber accedido a esa grabación sin ser miembro de Egusa y al haber identificado a las personas que aparecen en él.
Una de las denunciantes es la portavoz de UPPA, Mamen Peris, a la que Álvaro denunció el pasado 16 de marzo por presunta infidelidad en la custodia de documentos y presunta prevaricación administrativa. El edil popular sospecha que el acceso de Peris y las otras seis personas a Egusa un domingo por la tarde, cuando la empresa estaba cerrada, tiene que ver con la obtención de pruebas que sirvieron para llevarle al juzgado por seis delitos relacionados con su gestión como alcalde.
Cabe recordar que, tal como adelantó Levante-EMV, el primero en llevar ante la justicia aquella grabación del 4 de septiembre de 2011 no fue Álvaro sino el presidente de Egusa, Agustí Martí, que entregó el vídeo a la Guardia Civil para que investigase «si se hubiesen podido sustraer o destruir documentos» por parte de las personas que aparecen en él, o «se hubiese producido el acceso a los mismo de personas no autorizadas». Aquella denuncia fue archivada por el juzgado número 2 de Moncada al ser de «autor desconocido».
Además de Peris, los otros cuatro protagonistas de la grabación que el pasado 4 de abril presentaron en el juzgado la denuncia contra Manuel Álvaro por descubrimiento y revelación de secretos son los otros dos concejales de UPPA, Julián Ballester y Vicente Martínez, el periodista y miembro de esta formación, Antonio Romero, y el también militante en el partido independiente, Justo Panach. Aún así, el primero en presentar una denuncia por estos delitos en el Juzgado de Moncada (el 2 de abril) fue Víctor Soriano, responsable del programa electoral del PP de Alboraia hasta que en abril de 2011 rompió con Álvaro acusándole de «falta de transparencia en su gestión». El único de los que aparece en la grabación que, al menos de momento, no ha denunciado al exalcalde es el que era entonces presidente de Egusa, Carlos Corella.
Los seis denunciantes consideran que Álvaro pudo incurrir en el delito de descubrimiento y revelación de secretos cuando el 30 de marzo ofreció una rueda de prensa para anunciar su querella contra Mamen Peris y decir que en el video de la entrada a Egusa figuraban todos ellos, «llegando a afirmar que incluso tiene una copia del video que habría sido adjuntado en la denuncia presentada».
«Habida cuenta que Álvaro no es miembro del consejo de administración de Egusa desde que dejó de ser alcalde y presidente de la empresa pública, ni tampoco consta que forme parte de su equipo de seguridad, es posible que haya accedido de un modo ilegítimo a dichas grabaciones que están protegidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos por afectar al derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen reconocido constitucionalmente».
«Ni ha habido entrada irregular, ni sustracción de documentos y la querella es un ejemplo claro de prostituir a la justicia para fines políticos —destacaba ayer UPPA en un comunicado—. Es curioso que identificando el señor Alvaro a tantas personas sólo interponga la querella contra la señora Peris, ejemplo claro de persecución política».
