El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna ha decretado el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas contra el exalcalde Lorenzo Agustí, la alcaldesa Elena Martínez y otros cuatro regidores del gobierno local del PP, por presunta prevaricación administrativa en la adjudicación a la empresa municipal Gespa del coste de las «misiones comerciales» a China para promocionar la Zona Franca.
La investigación se abrió el pasado verano a raíz de una denuncia de Compromís, y trasladada al juez por la Fiscalía, en la que se cifraba en 628.000 euros el gasto supuestamente «irregular» de fondos públicos a través de Gespa en los viajes y otras «acciones comerciales» y «gastos de promoción, como eran vestuario, azafatas, traductores, folletos o carteles. Tras la imputación de los miembros de la Junta de Gobierno (Agustí, Martínez y los también concejales María Villajos, Sara Álvaro, Vicente Sales y Alfonso Romero) que aprobaron esa inversión, de tomarles testimonio y de investigar los informes al respecto que realizaron los habilitados nacionales del Ayuntamiento de Paterna, la magistrada considera que la actuación «resulta justificada y necesaria» y, por lo tanto, «no es contraria a ley ni injusto arbitrario».
«Esta denuncia ha costado a este grupo de concejales un gran descrédito del cual ya nunca se nos va a resarcir „aseguró ayer la alcaldesa en una rueda de prensa„. La decisión de la juez no nos quita el hecho de que durante casi un año hemos tenido que estar defendiendo nuestra inocencia. Nunca se abrió juicio pues eran diligencias previas de investigación, sin embargo los grupos de la oposición nos condenaron».
Lo que se investigó fue la legalidad de la encomienda por parte de la Junta de Gobierno local de Paterna del «área de promoción y dinamización municipal» a la empresa Gespa, circunstancia que Compromís interpretó como un «camuflaje de gastos injustificados» para la promoción de la «inexistente» Zona Franca, para los viajes del alcalde y algunos asesores a China y Turquía o para pagar a empresas externas por el asesoramiento jurídico. Denunciaba también Compromís que el encargo a Gespa del «marketing» no se ajustaba a su objeto social ni la empresa tenía medios para asumir estos servicios, por lo que tenía que subcontratar los trabajos. Además, subrayaban que el interventor y la secretaria municipal advirtieron que estos gastos debían canalizarse a través del ayuntamiento y mediante concurrencia y publicidad.
Pero en el auto emitido el pasado 9 de abril, y tras examinar la documentación aportada, incluyendo los informes de los habilitados nacionales, la juez concluye que «ha quedado justificada la necesidad e idoneidad de que la Gespa prestara el servicio de marketing al ayuntamiento». «De las declaraciones se desprende „continua la jueza en su auto„ que la prestación de servicio de Marketing Global por la Gespa significaba un ahorro por el ayuntamiento, y además este no contaba con personal propio que pudiera realizar estos trabajos y la Gespa sí».
Por último, entiende la magistrada que «las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal» por lo que procede acordar el sobreseimiento y el archivo de las diligencias.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Juanma Ramón, aseguró a través de un comunicado respetar la decisión judicial, aunque afirmó que «el proceso quedó viciado desde el momento en que Compromís, que era quien aportaba todas las pruebas, fue apartado del caso. Y ya esperábamos esta resolución judicial». Ramón no pudo ejercer como acusación particular por no prestar la fianza de 6.000 euros. «Desde Compromís defenderemos siempre que no se apruebe ningún expediente sin los informes favorables de los habilitados nacionales», añadió, para concluir a continuación «se ha derrochado dinero público mientras se ha recortado en servicios para la ciudadanía de Paterna y por eso mismo vamos a continuar exigiendo responsabilidades».
