El futuro del colegio Ciutat de Cremona, que desarrolla su actividad en barracones desde hace ocho años, ya no es tan negro como hace apenas un mes. El socialista Miguel Soler anunció ayer en la red social Twitter, a través de un mensaje dirigido a las madres y padres del centro, que «habrá un período extraordinario de matrícula» para aulas de tres y cuatro años, y les instó a comunicarlo a las familias.
Este anuncio enlazaba con el discurso que realizó ayer Ximo Puig en su investidura como presidente de la Generalitat en el que aseguró que mantendrán «una reunión urgente con los centros donde han suprimido unidades de educación infantil (que suponen el cierre progresivo del colegio) con la finalidad de estudiar los casos en los que hay un número de familias suficientes para volver a reabrir estas unidades el próximo mes de septiembre». Puig añadió que «en estos casos abriríamos un período de matrícula extraordinario».
El anuncio es similar al que realizó hace un año en el Cremona, con motivo del encierro de 100 días que protagonizaron padres y alumnos por la supresión de las aulas de tres años. De hecho, entonces afirmó que sería una de las primeras medidas del Consell.
El anuncio provocó ayer una explosión de alegría en la comunidad educativa de este reivindicativo colegio porque abre la puerta a la continuidad del proyecto. Con todo, la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) optó por la prudencia hasta que el anuncio se concrete en la apertura de un plazo para que las familias con hijos más mayores en el centro puedan matricular a los pequeños de tres y cuatro años en el Cremona.
El presidente de la AMPA, Javier Parrilla, recordó que muchas de las familias que el año pasado tuvieron que llevar a sus hijos de tres años a otros centros, habían presentado recientemente un escrito para volver a reclamar escolarizarlos en el Cremona «no porque estén descontentos con el centro donde están ahora sino para poder conciliar la vida laboral y familiar». En este grupo había tanto padres de alumnos más mayores como personal del colegio que por ley tiene derecho a matricularlos en su centro de trabajo. También el gobierno local socialista se alegró del anuncio y pidió que se concrete en un proceso administrativo.
