Al menos una decena de fincas, promociones de adosados y otros inmuebles que quedaron sin acabar en Torrent o que nunca se ocuparon han sufrido expolios y actos vandálicos que los convierte en edificios potencialmente peligrosos. Por ello, la Policía Local refuerza la vigilancia en estos puntos, una vez se detecta su estado por los propios agentes o los técnicos de Urbanismo, con el objetivo de disuadir a posibles asaltantes, que buscan robar los materiales para venderlos en el mercado negro.
Con todo, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Castillejo, reconoce que «es muy difícil» impedir el acceso irregular a estas fincas o adosados porque «puede producirse en cualquier momento y no se puede establecer con la Policía Local una vigilancia de 24 horas».
A este hecho, se une la dificultad de notificar en muchas ocasiones a los dueños de estas promociones órdenes de ejecución en las que se les impone la adopción de medidas como el tapiado de puertas y ventanas para impedir el acceso. El edil indicó que todo el proceso se alarga y dificulta la ejecución subsidiaria por parte del consistorio, como ya se hizo en algún caso en el anterior mandato municipal.
