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La moratoria en el litoral incluye el PAI del marjal del Puig

El nuevo gobierno «pugenc» descarta de todas formas el parque temático de bodas que impulsó el PP con un empresario malasio

La moratoria urbanística de un año que ha declarado la Generalitat para los programas urbanísticos diseñados sobre los primeros 500 metros de franja costera, puede afectar a dos grandes proyectos aprobados en l'Horta hace más de una década pero paralizados por la crisis y los cambios de gobierno: el del marjal del Puig de Santa Maria y el de Port Saplaya en Alboraia.

Realmente, en el borrador del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde (Pativel) que está elaborando la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y que fija los ámbitos prioritarios de aplicación de esta moratoria, sólo se hace mención a l'Horta Nord, sin especificar proyectos o municipios. En cambio, otros ámbitos prioritarios sí están más delimitados como son la desembocadura del Sénia, Benicarló norte, Orpesa, Burriana norte,Cullera sur, playas de Tavernes de la Valldgina, Gandia-l'Ahuir, Benitatxell, Altea sur, la Vila Joiosa sur, Alicante sur y Torrevieja sur.

Por ello, fuentes de la conselleria han explicado a este periódico que, en el caso de l'Horta Nord, la moratoria afecta a «todos los planes» sobre suelo no urbanizable, urbanizable común o urbanizable ya programado que hay en la comarca y que estén a medio kilómetro del litoral.

Este es el caso del proyecto urbanístico en el sector Els Plans, del Puig, un área de 2,5 millones de metros cuadrados entre la playa y la V-21 en la que se planeó la construcción de miles de viviendas, un hotel y un campo de golf. El proyecto, que protegía 600.000 metros cuadrados de marjal, fue inicialmente adjudicado a Residencial Golf Mar. Pero en julio de 2011 la promotora perdió la condición de agente urbanizador por no depositar las garantías económicas. En 2014, el entonces alcalde del PP José Miguel Tolosa contactó con un empresario de origen malasio, Teh Soon Seng, que presentó un nuevo proyecto: convertir esta zona de litoral en un parque temático para bodas, con capillas de diferente diseño para atraer a miles de novios asiáticos.

Un informe de la Dirección General del Medio Natural de la Generalitat hecho público el pasado mayo consideraba «oportuno» colaborar con el ayuntamiento en la planificación. Pero el nuevo gobierno de PSPV-Compromís que dirige la socialista Luisa Salvador no ve con buenos ojos el plan de Teh Soon Seng „«no creemos que aporte nada al Puig», aseguró ayer a este periódico„, aunque tampoco quiere desaprovechar las posibilidades urbanísticas de este sector de litoral. De hecho, ayer confirmó que el ayuntamiento mantiene contactos con otro posible urbanizador, cuyo proyecto es más parecido al que planteó en 2002 Residencial Golf Mar. Eso sí, Salvador asegura que aún no hay nada definitivo, sobre todo después de la moratoria aprobada por la Generalitat. «No sabemos como puede afectar porque nadie de la Conselleria nos ha explicado nada „aseguraba ayer la alcaldesa„. Quizá haya que adecuar el proyecto, moverlo quinientos metros...».

Respecto al Plan de Reforma Interior (PRI) en Port Saplaya „donde el PP proyectó a través de una empresa mixta una marina con hotel y un millar de viviendas y que el actual gobierno del PSPV mantiene aunque sin embarcadero, hotel ni tantas viviendas„, la edila de Urbanismo de Alboraia, Ana Bru, recordó ayer que la conselleria ha indicado que la moratoria podría no aplicarse a proyectos ya aprobados en zona urbana, como es este caso. Tal como explica la edila, en caso contrario el agente urbanizador podría exigir responsabilidades patrimoniales que el consistorio no podría cumplir.

De todas formas, pese a llevar años aprobado, dificilmente este proyecto vaya a desarrollarse en los próximos meses, habida cuenta de los conflictos legales entre el consistorio y su socio privado. Tal como ha publicado Levante-EMV, Quabit presentó una demanda contra el ayuntamiento de Alboraia por «incumplimiento» del acuerdo para desarrollar la urbanización. La empresa adelantó al consistorio 23,4 millones de euros por los «beneficios futuros», que la administración local ya ha gastado.

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