El Partido Popular de Torrent denunció ayer presuntas irregularidades en el concurso para renovar los uniformes de la Policía Local por 205.000 euros, al considerar que vulnera leyes autómicas y estatales, además de favorecer supuestamente a una empresa, según la portavoz y exalcaldesa Amparo Folgado y el concejal Nacho Carratalá. Este concurso fue suspendido el lunes en la mesa de contratación tras las quejas del edil popular, Jorge Planells.
La denuncia del PP se centra en que el pliego de condiciones para los uniformes establece un cambio de color en las prendas exteriores (anorak, pantalón de lluvia y cazadora de motorista) de amarillo a azul celeste que «contradice el decreto 114/2015 de 17 junio de la Generalitat» y no ha sido autorizado aún por el Consell. Además, la modificación ha obligado a reponer la totalidad de las prendas y de ahí el gasto de 205.000 euros frente a los 50.000 de 2014.
Otra de las denuncia del PP es que el comité de expertos designado por la Junta de Gobierno para evauar las ofertas es «manifiestamente ilegal» ya que los nueve miembros pertenecen al cuerpo de Policía Local de Torrent «lo que vulnera la ley de Cotratos del sector público. Finalmente, el PP ha criticado que en la valoración de las dos empresas aspirantes una recibe nueve puntos en «calidad y diseño» mientras que a la otra se le conceden 48. Carratalá insistió en que la puntuación está basada en un informe del Intentende en el que «se aprecia falta de rigor, escasa argumentación y carencia total de criterios objetivos, todo ello favoreciendo a una única empresa».
Folgado recordó que existe una central de compras en la Diputación de Valencia para uniformes de policía, «a la que ahora no se ha recurrido y el ahoro allí es considerable». Asimismo, afirmó que el informe que cuestiona la propuesta realizada por la empresa que ha recibido la menor puntuación «está tirando por tierra a esta central de compras que suministra a la mayoría de pueblos de la provincia y dando a entender que la valoración de sus expertos está mal hecha».
Por su parte, el gobierno local no quiso realizar valoraciones por el momento sobre el asunto.
