El nuevo equipo de gobierno de Manises, un cuatripartito liderado por Compromís junto a PSPV, Sí se puede Manises y Esquerra Unida, acaba de comenzar el año con otro revés judicial cuando todavía trata de recuperarse de uno conocido antes de que concluyera 2015. Y es que una sentencia del 29 de diciembre dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº9 de Valencia puede acabar obligando al consistorio manisero a pagar más de 897.000 euros por unas obras hídricas previas a un pequeño PAI desarrollado durante la etapa de gobierno del Partido Popular.
La historia se remonta al año 2003 cuando la empresa encargada del suministro de agua realizó unos trabajos para el desvío de la red y del colector de saneamiento por unos importes de 381.899 euros y 66.974 euros, respectivamente. Las obras estarían incluidas en una actuación urbanística en unos terrenos situados en la Plaza de la Llenya para la construcción de unos bloques de viviendas protegidas.
El consistorio no abonó en su día el coste de los trabajos pese haber llegado a un acuerdo con la empresa sobre los precios y se decidió incluir esos costes en la Liquidación Definitiva de la Unidad de Ejecución del Sector 3, es decir, que fueran los propietarios incluidos en el plan urbanístico los que sufragarán esas cargas. Royal Urbis, agente urbanizador, recaudó las cuotas por las obras hídricas pero no las abonó a la empresa que realizó previamente los trabajos. El sobrecoste generó el malestar de los afectados que, en principio, pagaron para no paralizar la obra pero uno de ellos decidió acudir a la justicia argumentando que esos gastos extra debían haberse incluido en la liquidación provisional al estar previstos en el planeamiento inicial, tal como ha estimado el juez.
Ahora, la sentencia pone en una difícil situación al equipo de gobierno que, en principio, va a tener que hacer frente a dos pagos pagos por el mismo servicio. Por un lado, el fallo obliga a Royal Urbis a devolver a los afectados los cuotas cobradas por los trabajos hídricos pero como la empresa se encuentra en concurso de acreedores, debe ser el consistorio el que asuma el pago como responsable subsidiario. Y por otro, la empresa de la red de agua sigue reclamando al ayuntamiento desde que comenzó la legislatura el pago de las obras que ejecutó hace más de diez años. En total, el ejecutivo local, que va a recurrir el fallo judicial, calcula que en el peor de los casos la suma a la que se enfrenta supera los 897.747 euros, sin contar intereses.
Una de las vías de escape para las arcas municipales es que las facturas por los trabajos de la empresa hídrica se encuentren entre la documentación presentada por Royal Urbis dentro del proceso de concurso de acreedores, lo que permitiría al ayuntamiento evitar pagar las obras previas al PAI, pero difícilmente va a poder escaparse, salvo que el recurso prospere, de devolver a los afectados las cuotas extra.
El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Manises ya fue condenado a pagar 591.643 euros a la empresa Estacionaments Urbans en concepto de compensación por las pérdidas que adujo haber sufrido la concesionaria del aparcamiento de la calle San Cayetano durante los tres años de explotación. El consistorio también ha recurrido el falló aunque se vio obligado a provisionar el importe para hacer frente a la sentencia. Cabe recordar que la concesionaria sigue reclamando al ayuntamiento los 7,2 millones que costó la obra del garaje.
