Ll Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Valencia ha dado la razón al Ayuntamiento de Silla respecto al proceso de regularización de las tarifas de consumo por el que la empresa suministradora de agua en Silla ha tenido que devolver unos 438.000 ? a los vecinos de Silla.
Este es un proceso que EUPV inicio en solitario en junio de 2013, «y que gracias a nuestro trabajo en la posición hemos conseguido unas tarifas mas justas. Lamentamos que no se haya podido reclamar el importe que nosotros exigíamos -el relativo a 2005- pero nos felicitamos por haber sido los que iniciamos este largo trabajo», aseguraba el concejal Valentín Mateos.
La sentencia desestima el recurso presentado por la empresa del agua que pedía anular el acuerdo plenario del 28 de enero de 2014 por el que se fijan las tarifas de suministro de agua correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014 y donde se exige a la vez que la suministradora reintegre los importes percibidos en exceso en dichos ejercicios, a los que se suma el IVA.
La suministradora defiende que en 2009 el ayuntamiento no respondió a sus propuestas de tarificación, y ante el silencio administrativo acude a la Dirección General de Consumo de la Generalitat quien da el visto bueno. El juez sin embargo establece que es el ayuntamiento el órgano competente para aprobar estas tarifas, y por tanto se debe cumplir el acuerdo del pleno de 2014 que estipula las nuevas tarifas y pide a la concesionaria a devolver lo cobrado en exceso, que asciende a 438.000 euros.
Una decisión judicial que no comparte la empresa adjudicataria cuyo portavoz ha confirmado a Levante-emv que va a recurrir la sentencia que aún no es firme. La empresa también aclara, que pese a no estar de acuerdo con la sentencia ya ha realizado la totalidad del reintegro de estos 438.000 euros, que incidirá directamente en beneficio de los vecinos y vecinas de Silla.
Derecho de los ciudadanos
El concejal de EU, Valentín Mateos, destaca el contenido de la sentencia dictaminada por la jueza Laura Alabau «que crea jurisprudencia» al diferenciar entre tasa y precio público, debate que está abierto en muchos ayuntamientos de la comarca en cuando al suministro de agua, luz y gas.
«En la sentencia hay que resaltar el hecho de que defiende que son tarifas por tratarse de un servicio propio y que impide que las empresas del sector puedan establecer los precios a su antojo, de manera libre. Esta sentencia se posiciona claramente del lado de los derechos de los ciudadanos, ya que impide que las empresas puedan confeccionar una tarifa a su medida», afirma Valentín Mateos.
